El Concejo Deliberante citará a funcionarios municipales para revisar la situación de edificios sin final de obra

El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán aprobó este jueves por unanimidad un proyecto de resolución para convocar a funcionarios de distintas áreas del Departamento Ejecutivo municipal a una reunión conjunta de comisiones, con el objetivo de analizar la situación administrativa y las condiciones de seguridad de los edificios destinados a vivienda colectiva que aún no cuentan con certificado de Final de Obra.

La iniciativa tomó impulso luego de la explosión e incendio ocurrido hace poco más de diez días en el edificio de Monteagudo 120, frente al a la sede del cuerpo, donde perdió la vida un hombre y posteriormente se confirmó que el inmueble nunca había obtenido el correspondiente certificado de Final de Obra.

La resolución, consensuada entre todos los bloques, establece la convocatoria a autoridades de Planeamiento Urbano, Obras Públicas, Catastro, Edificación y demás áreas competentes para que aporten información sobre los edificios relevados en 2018 y aquellos que aún mantienen pendientes los trámites de finalización de obra o habitabilidad. Además, se buscará evaluar eventuales modificaciones normativas y administrativas para evitar que este tipo de situaciones continúen acumulándose en el tiempo.

Aunque el proyecto original de los radicales José María Canelada y Gustavo Cobos planteaba exigir al Departamento Ejecutivo una auditoría preventiva urgente sobre los edificios destinados a vivienda que no cuentan con certificado de Final de Obra, el texto fue reformulado tras un acuerdo entre oficialismo y oposición. El consenso derivó en una resolución que prioriza, en una primera etapa, la citación de funcionarios municipales para que expongan la situación de esos inmuebles y las acciones que viene desarrollando el Ejecutivo.

Será facultad de la presidente del Concejo Deliberante, Fernando Juri, determinar el día y hora en la que serán citadas las autoridades a la reunión de comisiones.

Reclamo opositor

El radical Canelada recordó que la tragedia de Monteagudo volvió a poner sobre la mesa un problema que el Municipio ya había detectado años atrás. "Una situación lamentable en el edificio de calle Monteagudo que está al frente de este Concejo puso en agenda pública una discusión en torno a los certificados de final de obra", sostuvo, al señalar que inicialmente existieron múltiples especulaciones sobre las causas del siniestro y que una de las cuestiones que surgió fue justamente la ausencia de ese certificado.

El edil agregó que, tras comenzar a investigar el tema, apareció nuevamente un informe elaborado en 2018 que ya identificaba decenas de edificios en esa situación. "Ese relevamiento daba cuenta de 31 edificios que no contaban con final de obra. Eso nos llevó a entender que había que transformar las preocupaciones en certezas y brindar tranquilidad a los vecinos", explicó.

Canelada sostuvo que la preocupación tiene una doble dimensión: la seguridad de quienes viven o circulan por esos inmuebles y los inconvenientes jurídicos que enfrentan muchos propietarios que todavía no pueden escriturar sus departamentos. "Lo que estamos buscando es tener un diagnóstico del problema público, una radiografía que nos permita saber cuántos inmuebles son, qué características tiene cada caso y qué falta para resolver definitivamente cada situación", afirmó. También remarcó que el poder de policía corresponde al Ejecutivo municipal, razón por la cual el Concejo optó por solicitar información y promover controles antes que intentar reemplazar las competencias del Municipio.

Por su parte, Cobos consideró que la problemática no puede atribuirse a la antigüedad del Código de Planeamiento Urbano. "No podemos decir que el problema exista porque el código es viejo. Muchos de estos edificios ya carecían de final de obra cuando el código tenía apenas dos o tres años de vigencia", sostuvo.

El concejal advirtió además sobre la necesidad de evitar interpretaciones alarmistas.

"Cuando un edificio no cuenta con certificado de final de obra no estamos diciendo necesariamente que esté a punto de caerse. Eso es importante dejarlo claro para no generar un temor irreal. Lo que necesitamos saber es si alguno presenta problemas que requieran actuar de inmediato", expresó.

Cobos explicó que el certificado constituye el acto administrativo mediante el cual el Municipio verifica que la construcción se ejecutó conforme a los planos y autorizaciones otorgadas durante todo el proceso.

Además, recordó que el Colegio de Ingenieros Civiles ya había advertido este problema meses atrás, especialmente por el perjuicio que genera a familias de clase media que compraron departamentos mediante el sistema de pozo y todavía no pueden acceder a la escritura definitiva.

El oficialismo habló de un problema "estructural"

Desde el bloque peronista, Ernesto Nagle coincidió en que la situación excede a la gestión municipal actual y atraviesa distintas administraciones. "Es uno de tantos temas estructurales que tenemos en la capital. Esto ha ocurrido en todas las gestiones municipales, de distintas fuerzas políticas", afirmó.

El presidente del bloque oficialista señaló que históricamente muchos desarrolladores no respetaron plenamente el Código de Planeamiento Urbano, generando dificultades que luego heredaron tanto los vecinos como las administraciones municipales.

En ese contexto, destacó que el Concejo también trabaja en la elaboración de un nuevo Código de Planeamiento Urbano, con participación de colegios profesionales y distintos actores vinculados al desarrollo de la ciudad.

En el mismo sentido se expresó el concejal José María Franco, quien calificó la discusión como una oportunidad para abordar uno de los problemas históricos del Municipio. "No se intenta endilgar responsabilidades a ningún intendente, ni de la actualidad ni del pasado, pero sí tenemos que reconocer que es un problema del municipio, por lo menos, desde el regreso de la democracia", manifestó.

Franco recordó que distintos relevamientos llegaron a contabilizar alrededor de 40 edificios sin final de obra en la zona céntrica y explicó que algunos presentan irregularidades importantes mientras que otros quedaron trabados por cuestiones administrativas.

Romano Norri destacó el consenso político

Como presidente de la Comisión de Obras Públicas y Estética, Federico Romano Norri valoró que la iniciativa terminara siendo acompañada por todos los bloques. "En lo atinente a la seguridad pública es algo que nos compete a toda la clase política. Me parece muy positivo que estemos encarando la reforma del Código de Planeamiento y actualizando los mecanismos de control", sostuvo.

El edil explicó que el pedido de informes apunta a conocer el estado de elementos esenciales para la seguridad de los edificios, como ascensores, espacios comunes, sistemas contra incendios y demás instalaciones vinculadas con la protección de los vecinos.

Finalmente, el concejal Alfredo Terán de Zavalía, de Fuerza Republicana, señaló que la tragedia de Monteagudo volvió a instalar un tema que el Concejo venía analizando desde hace tiempo. "No es que estemos llegando tarde. Este asunto ya fue tratado numerosas veces en comisión, pero lo ocurrido vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de darle un corte definitivo a la situación de estos edificios", indicó.

Para el edil existen dos ejes centrales: la seguridad y la situación jurídica de cientos de propietarios. "Lo más importante, sin lugar a dudas, es la vida. Por eso el proyecto plantea inspecciones urgentes en los edificios sin final de obra y también en aquellos donde existan denuncias concretas de riesgo", afirmó.

Asimismo, advirtió que detrás de esta problemática también existen familias que invirtieron los ahorros de toda una vida y aún no pueden obtener la escritura de sus viviendas. "Hay vecinos que pusieron los ahorros de su vida para acceder a su casa propia y todavía no han logrado escriturar. Esa también es una situación que debemos resolver", concluyó.