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Desde este miércoles 8 de julio, los taxis de San Miguel de Tucumán comenzaron a cobrar la nueva tarifa autorizada por la Municipalidad, luego de que entrara en vigencia la ordenanza que dispuso un incremento del 33% en el servicio.
Con la actualización, la bajada de bandera pasó de $900 a $1.200, mientras que el valor de la ficha aumentó de $90 a $120, según confirmó a Tendencia de Noticias el presidente de la Federación Nacional de Conductores de Taxis de Tucumán, Julio Rodríguez, quien indicó que los relojes tarifarios comenzaron a ser recalibrados desde la medianoche.
El dirigente explicó que la secretaria de Gobierno municipal, Camila Giuliano, le confirmó la promulgación de la norma, lo que permitió habilitar el cambio de tarifa en las unidades.
Rodríguez sostuvo que el incremento busca aliviar la delicada situación económica que atraviesa el sector, golpeado por el aumento de los costos operativos.
"Esto viene a paliar la situación que venimos soportando. Los combustibles aumentaron, el GNC tuvo dos incrementos en pocas semanas y los insumos siguen subiendo muy por encima de los índices oficiales", afirmó.
El referente gremial también señaló que la actualización se realiza bajo estrictos controles técnicos para evitar alteraciones indebidas en los relojes tarifarios, especialmente en aquellas unidades que cuentan con sistemas de precintos de seguridad colocados durante las inspecciones municipales.
El aumento había sido aprobado días atrás por el Concejo Deliberante, donde el oficialismo logró imponer el proyecto por nueve votos contra siete, en una sesión marcada por el fuerte debate entre quienes defendieron la recomposición tarifaria para sostener el servicio y quienes cuestionaron el impacto que la medida tendrá sobre el bolsillo de los usuarios.
El conflicto con Uber y DiDi sigue abierto
Mientras comienza a regir el nuevo cuadro tarifario, el conflicto entre los taxistas y las plataformas digitales continúa escalando.
Desde la Municipalidad informaron que Uber y DiDi aún no regularizaron su situación conforme a la ordenanza vigente, motivo por el cual fueron intimadas mediante cartas documento para que cumplan con los requisitos exigidos por la normativa municipal.
Rodríguez respaldó esa decisión y reiteró que el reclamo del sector no apunta a impedir el funcionamiento de las aplicaciones, sino a que todos los prestadores trabajen bajo las mismas reglas.
En paralelo, la causa judicial impulsada por la Federación de Conductores contra Uber continúa sin definiciones, luego de que el expediente fuera remitido al fuero Contencioso Administrativo tras declararse incompetente la Cámara Civil y Comercial.
Desde el gremio advirtieron que, si las plataformas no regularizan la situación de sus conductores, podrían comenzar los secuestros de vehículos que operen sin cumplir con las exigencias legales, un escenario que consideran podría generar nuevos conflictos en el sistema de transporte urbano.