
La controversia por las reelecciones en la Universidad Nacional de Tucumán, que ya alteró el proceso electoral para el Rectorado, sumó ahora un nuevo capítulo con derivaciones judiciales. Dos docentes de la Escuela de Enfermería de la Facultad de Medicina presentaron una denuncia ante la Fiscalía Federal N° 2 para que se investigue la reciente asunción de Liliana Tefaha como decana de esa unidad académica.
La presentación, dirigida al fiscal federal José Agustín Chit, fue realizada por las profesoras Angelina Liezun y Fátima Cevila, quienes sostienen que la elección y proclamación de Tefaha vulnera las limitaciones establecidas en el Estatuto de la UNT respecto de la permanencia en cargos ejecutivos universitarios.
Según plantean, la actual decana completó dos períodos consecutivos como vicedecana de Medicina entre 2018 y 2026 y accedió ahora a un nuevo mandato, esta vez como máxima autoridad de la facultad. A criterio de las denunciantes, esa situación configuraría una continuidad incompatible con el artículo 17 del Estatuto universitario, que limita las reelecciones y sucesiones recíprocas entre los cargos de decano y vicedecano.
La presentación busca que la Fiscalía determine si existió algún incumplimiento de deberes por parte de funcionarios universitarios involucrados en el proceso electoral. Las docentes apuntan particularmente contra la Junta Electoral de la UNT, a la que atribuyen haber oficializado la candidatura y convalidado posteriormente la asunción pese a las objeciones formuladas durante el proceso.
El planteo toma como antecedente directo la medida cautelar dictada semanas atrás por la Cámara Federal de Tucumán en la causa promovida por Miguel Ángel Cabrera y Virginia Abdala. En aquella resolución, el tribunal ordenó suspender las candidaturas al Rectorado y Vicerrectorado de quienes hubieran cumplido dos mandatos consecutivos en esos cargos, abriendo una discusión inédita sobre los alcances de las restricciones estatutarias y el principio de alternancia en la conducción universitaria.
Las denunciantes consideran que el razonamiento aplicado por la Cámara Federal en ese expediente resulta extensible a las facultades y, en consecuencia, a los cargos de decano y vicedecano. Bajo esa interpretación, entienden que la situación de Tefaha debería ser analizada bajo los mismos parámetros que hoy condicionan la disputa por el Rectorado.
La denuncia también introduce un componente institucional al sostener que la Universidad Nacional de Tucumán, en su carácter de institución pública regida por la Ley de Educación Superior, tiene la obligación de garantizar mecanismos de alternancia y respetar estrictamente sus propias normas electorales.
El nuevo planteo judicial amenaza con ampliar un conflicto que ya trascendió los límites de la política universitaria. Mientras la transición en el Rectorado continúa bajo la conducción provisoria de Cristina Grunauer de Falú y la definición de fondo permanece en manos de la Justicia Federal, el caso Medicina abre un frente adicional que podría proyectar la discusión sobre las reelecciones hacia otras unidades académicas de la UNT.