Delegan a las provincias los exámenes de residencias médicas aunque Tucumán ya cuenta con su propia ley

En un movimiento que redefine la formación de profesionales de la salud en Argentina, el Ministerio de Salud de la Nación, liderado por Mario Lugones, comunicó que a partir de 2026 las provincias asumirán la responsabilidad de diseñar y aplicar sus propios exámenes de ingreso a residencias médicas, adaptados a sus necesidades específicas. Este anuncio, realizado durante una reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA), coincide con los avances de Tucumán, que ya cuenta con la Ley 9.884, promulgada pasado, para regular su sistema provincial de residencias, garantizando formación de calidad y derechos laborales para los residentes.

El cambio a nivel nacional surge tras el escándalo que sacudió el sistema de residencias. El 21 de julio, el Ministerio de Salud detectó irregularidades en los resultados de los exámenes de ingreso, lo que llevó a que 141 aspirantes, en su mayoría profesionales extranjeros, tuvieran que rendir nuevamente la prueba. Entre ellos, destacó el caso de un médico ecuatoriano acusado de usar lentes inteligentes para copiar. La segunda evaluación, realizada el 7 de agosto en el Palacio Libertad (ex CCK) bajo estrictos controles, reveló resultados preocupantes: ninguno de los aspirantes logró revalidar su nota original. “En la mayoría de los casos, la diferencia entre la nota original y la del segundo examen es absolutamente escandalosa”, había afirmado Manuel Adorni, vocero presidencial, en conferencia de prensa.

En este contexto, Lugones defendió la descentralización de los exámenes, argumentando que cada provincia debe formar profesionales según sus necesidades. “La salud es jurisdiccional. Los exámenes también tienen que ser jurisdiccionales. Solo cada provincia sabe qué tipo de médicos necesita para su población. Esta fue la última camada de médicos cuyas becas de residencias fue financiada por Nación. A partir de ahora, los exámenes los toman y financian las jurisdicciones”, explicó durante el COFESA. En un mensaje publicado en su cuenta de X, el ministro reforzó: “Según la Constitución Nacional, las provincias son responsables de la política sanitaria en sus territorios y también lo deben ser la formación profesional de sus equipos de salud. Cada jurisdicción tomará su propio examen de ingreso a las residencias médicas, con evaluaciones y criterios definidos localmente".

Por su parte, Tucumán se anticipó a esta tendencia con la Ley 9.884, que establece un Sistema Provincial de Residencias de Profesionales de la Salud. Promulgada en junio tras su sanción en diciembre de 2024, la normativa regula la formación de posgrado en los sectores público y privado, promoviendo procesos equitativos, incentivos para el arraigo en áreas críticas y la integración con universidades para acreditar especialidades. “Determinar los incentivos para fomentar la inserción y el arraigo de profesionales en las residencias, ponderando la ubicación geográfica, criticidad y especialidad”, destaca la ley, según informó el Ministerio de Salud Pública de Tucumán, liderado por Luis Medina Ruíz.

La ley tucumana también crea un Órgano de Evaluación y Acreditación de Residencias, encargado de autorizar sedes docentes y diseñar programas formativos adaptados a las necesidades de cada especialidad. Además, reconoce a los residentes como trabajadores no permanentes bajo la Ley de Carrera Sanitaria y la Ley de Contrato de Trabajo, garantizando derechos como formación tutelada, participación en actividades docentes y asistencia a congresos. “A recibir a través de una práctica profesional programada, tutelada, evaluada, una formación teórico-práctica que le permita alcanzar progresivamente los conocimientos y la responsabilidad profesional necesarios para el ejercicio autónomo de la especialidad”, establece el Artículo 8°.

El legislador tucumano Gabriel Yedlin, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara, celebró la iniciativa: “En Tucumán, las residencias son un trabajo. No son una beca, son un trabajo de término, porque tiene un principio y un fin de acuerdo al programa de residencia.” Yedlin destacó que la ley abarca no solo médicos, sino también profesionales de enfermería, psicología, bioquímica, trabajo social y kinesiología, y subrayó su carácter integral: “La residencia es el Gold Estándar de formación del recurso humano en salud”.

La descentralización propuesta por Lugones también responde a la necesidad de adaptar la formación a las particularidades de cada región. “Cada provincia tiene que saber y decidir qué profesionales necesita formar”, afirmó en X, destacando que esto permitirá “procesos más transparentes y adaptados a cada sistema de salud, respondiendo a sus particularidades epidemiológicas, geográficas y sanitarias”. Los ministros provinciales coincidieron en que esta medida fortalece el federalismo y asegura que “los mejores profesionales estén donde más se los necesita”.

El anuncio nacional se da en un momento de tensión en el sistema de residencias, evidenciado por el conflicto en el Hospital Garrahan. Desde hace meses, los residentes de este centro pediátrico denuncian salarios insuficientes ($797.061 por jornadas de más de 60 horas semanales), recortes presupuestarios y condiciones laborales precarias, que han llevado a la renuncia de más de 200 profesionales y la falta de atención en 500 camas. En contraste, la Ley 9.884 de Tucumán busca prevenir estas problemáticas al garantizar derechos laborales y promover la retención de talento en regiones necesitadas.

Además, el Ministerio de Salud de la Nación, en línea con una resolución del Ministerio de Capital Humano dirigido por Sandra Pettovello, estableció que los egresados de universidades no inscriptas en la Federación Mundial de Educación Médica no podrán postularse a residencias en Argentina, reforzando los estándares de calidad en la formación.