El IPLA sube aranceles a eventos musicales en medio de críticas por su rol "recaudador" y el debate por su reforma

En un contexto de crecientes cuestionamientos a la función desempeñada por el Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA), la entidad decidió aumentar los aranceles para los eventos de entretenimiento musical en Tucumán, según lo dispuesto por la Resolución N° 2101-480–2025, publicada en el Boletín Oficial. La medida, que entró en vigor el 1 de agosto, establece nuevos costos para los organizadores de festivales folclóricos, peñas, fiestas electrónicas y bailes, así como para los kioscos y ranchos con expendio de bebidas alcohólicas. Sin embargo, esta decisión llega en un momento en que el IPLA enfrenta fuertes críticas por su carácter “recaudador” y su desvío de la misión original de prevenir las adicciones al alcohol, mientras su interventor, Dante Loza, busca tender puentes con la Cámara de Propietarios de Discotecas de Tucumán (CAPRODYATUC) para abordar una posible reforma del organismo.

La resolución, impulsada por el secretario ejecutivo del IPLA, Leandro Saavedra, actualiza los aranceles con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado de marzo a junio de 2025, que alcanzó un 7,3%. Según el texto oficial, los organizadores de eventos deberán abonar “un importe diario de $210.000” por cada día de actividad, mientras que los kioscos y ranchos con expendio de bebidas alcohólicas pagarán “$19.000 por cada kiosco; $25.000 por cada rancho ‘con menos de diez mesas y sillas’ y $30.000 por cada rancho ‘con más de diez mesas y sillas’”. Estos montos, que se aplican por día de evento, buscan diferenciar las categorías de establecimientos según su envergadura, considerando “la significativa concurrencia” en este tipo de actividades.

Círculo vicioso

Sin embargo, la medida reavivó las críticas hacia el IPLA, un organismo que, según el legislador José Seleme (Avanza Tucumán), “perdió su razón de ser y solo sirve para recaudar y presionar a los contribuyentes”. En un proyecto de ley, presentado por el parlamentario, propone la derogación del IPLA, argumentando que “hace años que dejó de ser un organismo dedicado a la prevención y asistencia contra el alcoholismo. Hoy solo recauda y complica a quienes quieren trabajar en regla”.

El proyecto de Seleme también señala que el IPLA, creado con fines sanitarios y preventivos, ha sido despojado de esas competencias por reformas legales entre 2004 y 2007, destinando “el 100% de los fondos recaudados al propio funcionamiento del ente”. “El IPLA se convirtió en un círculo vicioso: recauda para sostenerse. Los fondos ya no van a campañas de concientización ni a la atención de personas con problemas de consumo. Solo financia su propia burocracia”, afirmó, cuestionando además los 20 años de intervención del organismo por el Poder Ejecutivo sin notificación a la Legislatura, lo que considera “fuera de todo marco legal”.

En este escenario de tensión, el interventor del IPLA, Dante Loza, se reunió con autoridades de CAPRODYATUC, encabezadas por su presidente, Rodolfo Di Pinto, para discutir posibles reformas y coordinar acciones conjuntas. El encuentro buscó “aunar criterios y trabajar en forma conjunta ante la inminente modificación de las normativas que reglan la actividad del organismo provincial”. Di Pinto destacó la participación de la cámara en la campaña nacional “Conductor ConSentido”, que promueve la conducción responsable mediante la entrega de bebidas no alcohólicas gratuitas y premios a quienes se comprometan a no consumir alcohol. “Se trata de una acción que brinda bebidas no alcohólicas sin cargo y otorga premios al conductor que manifieste su voluntad de participar; al mismo se le coloca una pulsera con sus datos, que se deposita en una urna al dejar el boliche y le sirve para participar por diversos premios. Enmarcado en este ejercicio, el proyecto específico se denomina ‘Volvé vivo y no bebido’”, explicó.

Di Pinto también abordó un problema que afecta al sector: la competencia desleal surgida desde la pandemia. “Hoy se realizan bailes en todo local nocturno, ya sea bar, pub, cervecería y varias modalidades que nacieron por la imposibilidad de controlar efectivamente tantos espacios, más aún los eventuales, que cambian de ubicación permanentemente”, señaló. Esto genera “evasión impositiva”, ya que las discotecas enfrentan la tasa más alta según la categoría 921911 del nomenclador de la Dirección General de Rentas, y problemas de seguridad, dado que “las discotecas, en lo edilicio, deben cumplir con las normativas de Bomberos y Defensa Civil de la provincia; mientras que en lo personal, han homologado un Convenio Colectivo de Trabajo con el Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia, SUTCAPRA; quienes están capacitados para controlar al público sin violencia”.

Loza, por su parte, expresó su disposición a “trabajar en conjunto y coordinar acciones, especialmente en lo referente a eliminar los riesgos de accidentes o los problemas que pueden suscitarse debido al exceso de consumo de bebidas alcohólicas”. Propuso campañas de prevención, capacitación del personal y controles conjuntos, que se formalizarán mediante un convenio con CAPRODYATUC. Ambas partes acordaron mantener reuniones periódicas para evaluar las acciones y priorizar “el bienestar y la seguridad del público asistente a los locales de diversión, ya sean negocios habilitados permanentemente por las municipalidades o comunas, o bailes eventuales autorizados por la Secretaría General de la Policía de Tucumán”.

Mientras el IPLA enfrenta el desafío de recuperar su legitimidad como organismo de prevención, la suba de aranceles aviva el debate sobre su rol en la provincia. La resolución, aunque justificada por la inflación, refuerza la percepción de un ente más enfocado en recaudar que en combatir el alcoholismo. En un Tucumán donde los empresarios piden alivio fiscal y los legisladores exigen transparencia, el futuro del IPLA se debate entre la necesidad de reforma y la presión por su disolución.