Claudia Sbdar advirtió que la inteligencia artificial "no puede sustituir el criterio de los jueces"

La vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT), Claudia Sbdar, advirtió sobre los riesgos que implica la utilización de inteligencia artificial (IA) en la elaboración de resoluciones judiciales y remarcó que estas herramientas tecnológicas deben funcionar exclusivamente como instrumentos de asistencia, sin reemplazar el razonamiento jurídico ni la responsabilidad de los magistrados.

La jueza formuló estas consideraciones durante la apertura del curso de posgrado “Inteligencia Artificial y Sentencia Judicial”, organizado conjuntamente por la Corte provincial y la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). La actividad comenzó este martes en el Salón de Actos del Palacio de Tribunales, con la participación de magistrados, relatores y funcionarios judiciales.

Durante su intervención, Sbdar planteó que la incorporación de nuevas tecnologías representa una oportunidad para mejorar el funcionamiento del sistema de justicia, especialmente frente al incremento de la litigiosidad, la acumulación de expedientes y las demandas ciudadanas de respuestas en plazos razonables. “La irrupción de la inteligencia artificial no representa una simple novedad informática; es una transformación profunda en las formas de producir, organizar y acceder al conocimiento”, señaló.

En ese sentido, destacó que la IA puede contribuir a agilizar distintas tareas administrativas y técnicas, como la organización de grandes volúmenes de documentación, la clasificación de antecedentes, la transcripción de audiencias y la búsqueda de normas y jurisprudencia.

“Su incorporación como asistencia técnica no debe ser resistida por mero temor o inercia; bien empleada, puede despejar la carga mecánica de nuestros despachos para devolvernos aquello que nunca debemos perder: tiempo para pensar, deliberar y profundizar en lo humano de cada causa”, expresó.

Los límites de la inteligencia artificial en las decisiones judiciales

Sin embargo, la magistrada hizo especial hincapié en los límites que deben establecerse para evitar que la utilización de estas herramientas comprometa las garantías constitucionales de quienes intervienen en un proceso judicial. “La inteligencia artificial puede asistir y reforzar la tarea judicial, pero bajo ninguna circunstancia puede sustituir el criterio del juez ni violentar el debido proceso”, enfatizó.

Sbdar explicó que los modelos de lenguaje pueden generar respuestas aparentemente correctas y convincentes, aunque eso no significa que sus conclusiones cuenten con fundamentos jurídicos adecuados o reflejen correctamente las circunstancias de un expediente. “La justificación de una sentencia no es un cálculo de probabilidades estadísticas ni una secuencia de frases lingüísticamente armónicas”, afirmó.

En esa línea, advirtió que los sistemas automatizados pueden producir textos verosímiles sin comprender verdaderamente las situaciones humanas que se encuentran detrás de cada conflicto sometido a la Justicia. “La máquina no comprende la tragedia de un conflicto, ignora el dolor o la zozobra de las partes y desconoce el compromiso cívico que entraña la verdad procesal”, sostuvo.

La integrante del máximo tribunal provincial también alertó sobre las consecuencias de utilizar herramientas de IA sin verificar la información que proporcionan, especialmente cuando intervienen en la valoración de pruebas, la interpretación de antecedentes o la selección de jurisprudencia. “Cuando un operador judicial delega acríticamente en un algoritmo la síntesis de una pretensión, la jerarquización de la prueba o la selección de la jurisprudencia, el debido proceso empieza a fisurarse”, manifestó.

Y agregó una advertencia sobre la confiabilidad de estos sistemas: “Porque el riesgo ético más severo de la IA no reside en que se equivoque de manera burda; reside en que puede fallar con una apariencia impecable de profesionalismo y orden”.

La responsabilidad de los jueces y el valor de la firma

Por otro lado, Sbdar sostuvo que la firma de una sentencia constituye mucho más que un requisito administrativo, ya que representa la aceptación de responsabilidad sobre los fundamentos y las consecuencias de una decisión. “La firma en una providencia o en una sentencia es el acto en el que un ser humano juez o jueza asume la responsabilidad pública de lo decidido. No es un trámite formal al final de una cadena de producción. Firmar significa responder”, expresó.

En ese contexto, remarcó que cada magistrado debe poder explicar el razonamiento utilizado para resolver un caso, verificar la autenticidad de las fuentes citadas y garantizar que los argumentos se correspondan con las constancias del expediente. “Si no podemos explicar cómo y por qué se arribó a una conclusión porque descansamos en una caja negra algorítmica, hemos abdicado de nuestra función constitucional”, advirtió.

Como antecedente, mencionó una decisión adoptada en marzo de este año por el Superior Tribunal de Justicia de Chubut, en la que se estableció que la inteligencia artificial debe ser considerada una herramienta de apoyo y no una fuente autónoma de decisiones judiciales.

Según destacó, ese criterio reafirma que la responsabilidad final sobre los fundamentos de una sentencia corresponde siempre al magistrado que la suscribe, independientemente de los recursos tecnológicos utilizados durante su elaboración.

La vocal de la Corte tucumana consideró que la formación de los operadores judiciales resulta fundamental para incorporar estas herramientas de manera responsable, identificar sus posibles sesgos y evitar que su utilización afecte derechos fundamentales. “El auténtico deber judicial respecto de la IA consiste en ejercer un control humano significativo. Gobernar la herramienta, comprender sus sesgos, auditar sus resultados y subordinarla siempre a las garantías fundamentales, a la transparencia y a la dignidad humana”, expresó.

El curso de posgrado, que se desarrollará durante ocho semanas, propone abordar precisamente los desafíos que plantea la inteligencia artificial en la actividad jurisdiccional, con especial atención a la elaboración de sentencias y a los principios éticos que deben orientar su utilización.

Al finalizar su intervención, Sbdar convocó a los participantes a asumir la capacitación no solamente como una oportunidad de actualización profesional, sino también como una instancia para fortalecer las garantías que sustentan el funcionamiento del sistema judicial.

En ese sentido, los invitó a transitar la propuesta académica “no solo como una actualización profesional, sino como una contribución activa a la preservación y legitimidad del Estado de derecho constitucional”.