Marcha Federal Universitaria: las claves del reclamo que ya acumula cinco marchas desde que asumió Milei

Este jueves 15 de octubre se realizará la quinta Marcha Federal Universitaria en todo el país. En Tucumán, los gremios docentes convocaron a un paro total de actividades para exigir al Gobierno nacional el cumplimiento de una ley y la actualización de los salarios y las partidas presupuestarias. 

La comunidad tucumana se concentrará a las 17 h en el Rectorado de la Universidad Nacional de Tucumán, ubicado en Ayacucho 491. Desde ahí marcharán hacia la Plaza Independencia bajo una consigna unificadora: “En defensa de la educación pública”.

Mientras en Tucumán se movilizan hacia la plaza principal, el epicentro de la protesta nacional se desarrollará frente al Congreso de la Nación en Buenos Aires. La medida cuenta con dos respaldos institucionales. En primer lugar, el impulso del Consejo Interuniversitario Nacional, un organismo público de coordinación, consulta y propuesta de políticas y estrategias para el sistema universitario del país. En segundo lugar, el del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Tucumán, quien anunció su adhesión a la manifestación y ratificó su disposición al diálogo. También se sumaron el Frente Sindical y la Federación Universitaria Argentina (FUA), las centrales obreras (CGT y CTA), gremios estatales (ATE) y partidos de la oposición. 

El incumplimiento de una ley, en el núcleo del reclamo

La comunidad educativa exige la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario. Se trata de una norma aprobada por el Congreso de la Nación que establece aumentos salariales para los docentes y no docentes, además de la actualización de los montos de las becas estudiantiles. Sin embargo, el Gobierno nacional nunca la aplicó.

Tras ser aprobada por el Congreso, Javier Milei vetó la ley a través de un decreto. Según los oficialistas, la norma afecta el equilibrio fiscal y no precisa de dónde sacar los fondos. Aun así, el Congreso reunió los dos tercios de los votos y rechazó el veto, dejando la ley firme y promulgada.

El incumplimiento de la norma provocó la judicialización del reclamo. El Poder Judicial, incluyendo la Cámara Contencioso Administrativo Federal y la Corte Suprema, ratificó la validez de la ley y ordenó su cumplimiento. Ante la persistencia del Ejecutivo en no girar los fondos, la Justicia federal impuso multas diarias a funcionarios nacionales por incumplir la medida cautelar dictada.

Pero el origen del reclamo, que derivó institucionalmente en la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario, se encuentra en los recortes ejecutados por Milei. Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el presupuesto destinado a las universidades nacionales cayó un 25,4% en términos reales durante el período comprendido entre 2023 y 2026, es decir, desde que asumió la actual gestión nacional.

Los principales afectados con este recorte fueron los sueldos. De acuerdo a los cálculos del CEPA, un jefe de trabajos prácticos con dedicación semiexclusiva y sin antigüedad tenía un poder de compra equivalente a $1.165.366 en noviembre de 2025. Ese mismo cargo, hoy equivale a $652.727, lo que representa una caída en términos reales de un 43,9%. Con la Ley de Financiamiento Universitario, el sueldo debería rondar los $870.000.