DISCAPACIDAD Y SALUD
El Gobierno apeló el fallo que ordena pagar deudas con prestadores de discapacidad de PAMI e Incluir Salud
La administración nacional cuestionó la medida cautelar dictada por el juez federal Hugo Vaca Narvaja, que obligó al Estado a regularizar en 72 horas los pagos adeudados a prestadores de servicios para personas con discapacidad.
El Gobierno nacional apeló la medida cautelar dictada por el juez federal de Córdoba Hugo Vaca Narvaja, que ordenó regularizar en un plazo de 72 horas las deudas pendientes con prestadores de servicios destinados a personas con discapacidad de PAMI e Incluir Salud.
El magistrado concedió la apelación con efecto devolutivo, por lo que la resolución continuará vigente hasta que la Cámara Federal se expida sobre la presentación realizada por el Estado nacional, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.
La cautelar fue dictada en el marco de un amparo colectivo impulsado por la abogada Marta Lastra, en representación del colectivo Defendamos Córdoba, junto con instituciones cordobesas como Apadim, el Pequeño Cottolengo Don Orione y distintos centros terapéuticos de la provincia.
En su resolución, Vaca Narvaja ordenó al Estado cancelar las deudas con los prestadores en un plazo máximo de 72 horas y estableció una vigencia de seis meses para la cautelar o hasta que exista una sentencia firme sobre el caso.
El fallo busca garantizar la continuidad de tratamientos, medicamentos y prestaciones esenciales para beneficiarios de pensiones no contributivas y personas titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD), ante el riesgo de interrupción de servicios por falta de pago.
Entre los fundamentos de la resolución, el juez sostuvo que el Estado nacional se encuentra “en mora” en el cumplimiento de sus obligaciones y advirtió sobre las “demoras crónicas” registradas en los pagos a prestadores.
Asimismo, señaló la existencia de un “riesgo inminente” para las personas con discapacidad ante la eventual suspensión de tratamientos y prestaciones.
La causa también incorpora cuestionamientos vinculados a la Resolución 28/2026, mediante la cual el Gobierno eliminó los subsidios destinados a empresas de transporte de larga distancia para cubrir pasajes gratuitos de personas con discapacidad, trasplantados y menores con cáncer.
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