A un año de su promulgación, la Ley de Financiamiento Universitario sigue sin aplicarse y el conflicto amenaza con extenderse

Se cumple exactamente un año desde que el Gobierno nacional oficializó en el Boletín Oficial la promulgación de la Ley de Financiamiento Universitario. En esos 365 días, la norma atravesó un largo derrotero institucional: fue aprobada por el Congreso bajo una intensa presión de la comunidad académica, vetada por el Poder Ejecutivo y finalmente ratificada por una mayoría legislativa. Sin embargo, a doce meses de aquel evento, la administración de Javier Milei mantiene congelada su aplicación plena y el conflicto permanece empantanado en los tribunales federales.

La promulgación formal se había concretado a través del Decreto 759/2025. No obstante, en ese mismo texto, el Gobierno dispuso frenar la ejecución de los aumentos salariales para docentes y no docentes, así como las partidas destinadas a las becas estudiantiles, bajo el argumento de que el texto sancionado no especificaba de forma explícita las fuentes de financiamiento correspondientes.

Esa decisión administrativa derivó de inmediato en una judicialización masiva encabezada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Si bien la Justicia dictó una medida cautelar y un fallo de primera instancia que declaró inconstitucional el decreto suspensorio, una seguidilla de apelaciones y recursos de queja por parte de la Procuración del Tesoro mantiene abierta la disputa procesal en la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. De esta manera, doce meses después, el desembolso definitivo de los fondos se mantiene en suspenso.

Sin embargo, por fuera de la esfera judicial, la comunidad universitaria continúa apelando a la presión social. Una de las últimas acciones realizadas fue la quinta marcha federal universitaria, que reunió a docentes, no docentes, estudiantes y graduados para reclamar la aplicación de la norma.

En el marco de este primer aniversario, los gremios docentes exigieron una vez la actualización salarial y el incremento de las becas. Este es el caso de la Federación Nacional de Docentes Universitarios de Argentina (CONADU), que difundió un comunicado en sus redes sociales donde acusó directamente al presidente y a sus funcionarios de vulnerar el orden republicano.

"Milei lleva un año sin cumplir una ley que fue votada a favor seis veces en el Congreso", denunció el gremio antes de calificar la situación de "inédita". En esa misma línea, la entidad docente advirtió que hay” responsables” y “cómplices” de “este pisoteo a la democracia, a las instituciones republicanas y a la división de poderes".

Frente a la parálisis en la asignación de recursos, la federación dirigió sus reclamos a los tres poderes del Estado. Al Poder Judicial le exigió "fallar de manera urgente" y recordó que ya existe un fallo en primera instancia y una orden cautelar vigente. "El decreto que la suspende es inconstitucional. La Cámara debe ratificar este fallo y hacerlo sin demora", reiteró.

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HACE 365 DÍAS QUE EL GOBIERNO NACIONAL DECIDE NO CUMPLIR CON LA LEY DE FINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO. Milei lleva UN AÑO sin cumplir una ley que fue votada a favor 6 veces en el Congreso Nacional, algo inédito en la historia argentina. Esto da cuenta del carácter profundo, federal y transversal que tiene la universidad pública para nuestra sociedad. Hay responsables y hay cómplices de este pisoteo a la democracia, a las instituciones republicanas y a la división de poderes. El PODER JUDICIAL debe fallar de manera urgente. Ya existe una cautelar y un fallo de 1era instancia que le dice al Poder Ejecutivo que tiene que cumplir la ley porque el decreto que la suspende es inconstitucional. La Cámara debe ratificar este fallo y hacerlo sin más demora. El PODER LEGISLATIVO se encuentra debatiendo el Presupuesto 2027 y debe incluir allí la Ley de Financiamiento Universitario. El PODER EJECUTIVO debe...

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Al mismo tiempo, CONADU pidió al Poder Legislativo que blinde las partidas garantizando la inclusión efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario dentro del Presupuesto 2027, mientras que volvió a intimar al Poder Ejecutivo para que acate los fallos y proceda a la liquidación inmediata de las mejoras salariales y los programas de asistencia estudiantil.

Aun así, a pesar de la insistencia del Congreso nacional, de las primeras decisiones judiciales y de la presión de la comunidad universitaria, el Gobierno mantiene su estrategia bajo dos pilares: el argumento de blindar el equilibrio fiscal y la estrategia de judicializar la norma.