Tucumán y la cuenta pendiente de una ley integral para frenar el acoso digital en las escuelas

La Legislatura de Tucumán se encuentra ante un desafío impostergable: dar respuesta institucional a la creciente ola de violencia digital que afecta, principalmente, a mujeres y menores de edad. Pese a la acumulación de proyectos de ley y resolución presentados desde 2025 —que van desde la adhesión a la Ley Nacional Olimpia hasta la creación de programas específicos para escuelas—, ninguna iniciativa logró aún un dictamen conjunto de las comisiones de Familia, Niñez y Adolescencia, Educación, Seguridad y Justicia, y Ciencia y Tecnología, donde se encuentran en estudio. Ley Olimpia (Ley Nacional N° 27.736), sancionada en octubre de 2023, modifica la Ley 26.485 para reconocer y penalizar la violencia digital o telemática contra las mujeres como una modalidad específica de violencia de género en Argentina.

Esta parálisis legislativa contrasta con la celeridad de otras jurisdicciones como Santa Fe, que ya se convirtió en la primera provincia en aprobar una normativa integral tras tragedias que evidenciaron que el vacío normativo tiene consecuencias fatales. La urgencia en Tucumán no es solo una cuestión de actualización jurídica, sino una demanda social para frenar el hostigamiento, la difusión no consentida de material íntimo y el uso malicioso de la inteligencia artificial.

Para entender la gravedad de lo que está en debate, es necesario mirar el antecedente de Santa Fe, donde se sancionó la denominada "Ley Ema". Esta norma lleva el nombre de Ema Bondaruk, una adolescente de 15 años que se suicidó apenas 24 horas después de que se viralizaran imágenes íntimas suyas en su ámbito escolar en Buenos Aires (foto inferior). El caso de Ema visibilizó que las escuelas carecían de herramientas para actuar ante la difusión no consentida, dejando a las víctimas en una situación de desprotección absoluta.

La ley santafesina, pionera en el país, establece una respuesta "empática y efectiva", con protocolos de intervención urgente para solicitar la supresión de contenido en plataformas y brindar acompañamiento psicoemocional y legal. Esta normativa define la violencia digital como cualquier acción que, a través de tecnologías, cause daño físico, psicológico o moral, un concepto que los legisladores tucumanos buscan replicar para evitar que la provincia siga sumida en la inacción institucional.

En el plano local, uno de los pilares de la discusión es la adhesión a la Ley Nacional 27.736 (Ley Olimpia). La legisladora Raquel Nievas (Trabajando por Tucumán) fundamentó que esta adhesión es “indispensable para asegurar la plena vigencia en el ámbito provincial de las definiciones, obligaciones y herramientas previstas en la legislación nacional”. Nievas advirtió que la expansión tecnológica abrió la puerta a agresiones que, aunque ocurran en lo virtual, “tienen consecuencias reales: psicológicas, sociales, económicas y, en muchos casos, físicas”.

En sintonía, el legislador peronista Roberto Moreno presentó una iniciativa similar, subrayando que la ley responde a la necesidad de enfrentar un fenómeno donde “la tecnología y las redes sociales también han abierto nuevos espacios para la reproducción de violencias, acosos y vulneraciones que afectan directamente a la intimidad, el honor y la libertad de las personas”. Para Moreno, la sanción de este marco permitiría que Tucumán cuente con herramientas idóneas para enfrentar conductas que hasta hace poco permanecían “invisibilizadas o subsumidas en figuras penales inadecuadas”.

Programas para un ecosistema escolar seguro

Varios proyectos se centran específicamente en el ámbito educativo. La parlamentaria del PJ, Maia Martínez propuso la creación de un Programa Provincial de Prevención y Abordaje Integral, señalando que la violencia digital abarca no solo el acoso tradicional, sino también la producción de material “producido con inteligencia artificial u otras tecnologías digitales” sin consentimiento. Martínez destacó que el objetivo es “garantizar entornos digitales seguros, promover el uso responsable de las tecnologías y contribuir al desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes”.

Por su parte, Nievas también impulsó un Programa de Seguridad y Conducta Digital en la Escuela, con el fin de “establecer criterios unificados de actuación en los establecimientos educativos” y brindar asistencia profesional a los estudiantes involucrados en conflictos de esta naturaleza. La falta de estos protocolos uniformes, según Nievas, “provoca respuestas dispares, fragmentadas o insuficientes” por parte de docentes y directivos.

Desde Fuerza Republicana, Eduardo Verón Guerra presentó un proyecto que enmarca la problemática en un contexto regional alarmante. Citando informes internacionales, señaló que “Argentina es el segundo país de América Latina con mayor cantidad de casos de ciberacoso infantil, solo detrás de México”. Su propuesta enfatiza la necesidad de incorporar contenidos curriculares transversales sobre alfabetización digital y buenas prácticas en el uso de las TIC.

Más allá de las escuelas, el legislador Agustín Romano Norri (Movimiento Radical) propuso la creación del SIPRODIG (Sistema Provincial de Protección Digital y Convivencia Segura), con un alcance que incluye a clubes deportivos y centros comunitarios. El referente de la UCR fue crítico con la situación actual: “Tucumán carece actualmente de un sistema integral, articulado y obligatorio que permita prevenir, detectar e intervenir en situaciones de violencia digital”. Su proyecto incluye la creación de un Registro Provincial de Violencias Digitales para identificar patrones y zonas críticas.

Finalmente, la legisladora oficialista Sandra Figueroa elevó un proyecto de resolución solicitando al Ejecutivo la implementación inmediata de programas de acompañamiento y difusión, con el objetivo de “visibilizar y poner en agenda una problemática en crecimiento” que vulnera derechos fundamentales como la intimidad y la dignidad.

Pese a que todas las fuerzas políticas coinciden en la gravedad del diagnóstico, el debate permanece estancado en el laberinto de las comisiones. La acumulación de proyectos demuestra que hay una base sólida para legislar, pero la falta de un dictamen conjunto impide que Tucumán dé el paso definitivo para proteger a sus menores en el entorno digital, una demora que, como enseña el caso de Ema, puede tener costos irreparables.