
La desaparición de Acaí, la yaguareté reintroducida en el Parque Nacional El Impenetrable, volvió a encender las alarmas sobre la situación límite del yaguareté en el país. El último registro del animal data del 25 de octubre de 2025 y, aunque su búsqueda continúa, se presume que habría sido víctima de cazadores. La Administración de Parques Nacionales valuó el daño ambiental ocasionado por la pérdida de este solo ejemplar en casi $2.700 millones.
Como se consultó en Expediente Yaguareté, FOPEA, este caso expone una problemática estructural: matar un yaguareté es delito, pero las condenas penales son excepcionales. La única sentencia con prisión efectiva en la Argentina se dictó en agosto de 2025, cuando cuatro hombres fueron condenados por cazar y carnear un felino en Ibarreta, Formosa, en un fallo sin precedentes. Aun así, se trata de un episodio aislado dentro de un historial marcado por archivos, falta de pruebas y prescripción.
Los expedientes muestran que la caza se concentra en el norte del país —con casos recurrentes en Salta, Formosa y Misiones—, mientras que la comercialización de pieles se detecta con mayor fuerza en Buenos Aires y CABA. En ese recorrido judicial, numerosas investigaciones quedan en etapas preliminares o se diluyen antes de llegar a juicio, lo que refuerza la percepción de impunidad frente a un delito ambiental grave.
Mientras tanto, avanzan esfuerzos de conservación para evitar la extinción del yaguareté, como la reintroducción en áreas protegidas, el monitoreo con collares satelitales y cámaras trampa, y programas de convivencia con comunidades rurales. Sin embargo, especialistas advierten que sin sanciones más severas y una persecución penal efectiva, la supervivencia del mayor felino de América en la Argentina seguirá en riesgo.