
El panorama social de la Argentina al cierre de 2025 expone una fragmentación crítica en el acceso a derechos fundamentales y bienestar básico. Según los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) procesados por el INDEC, y a los que tuvo acceso Tendencia de Noticias, las carencias habitacionales y de infraestructura persisten como un rasgo distintivo del mapa urbano nacional. La idea central que atraviesa el documento es la vigencia de una vulnerabilidad multidimensional: no solo se trata de ingresos, sino de un déficit en servicios esenciales, donde solamente el 47,1% de las personas accede de forma simultánea a la red de agua corriente, gas natural y desagües cloacales. Esta precariedad se extiende a la calidad de la vivienda, el entorno ambiental y el capital educativo de los hogares, configurando un escenario donde el Estado público es, para amplios sectores —especialmente la infancia—, el único garante de servicios básicos como la salud.

El acceso a servicios públicos muestra brechas significativas. Mientras el 91,0% de los hogares cuenta con agua corriente, la cobertura de gas natural de red desciende al 65,0% y la de cloacas al 72,9%. En términos poblacionales, el informe es taxativo: “el 47,1% de las personas accede a los servicios de agua corriente, cloacas y gas natural... como complemento, el 52,9% de las personas no accede a al menos uno de los servicios considerados”.

Las condiciones del hábitat y la vivienda también muestran signos de alarma. Unas 2,4 millones de personas (8,0%) habitan en viviendas cuyos materiales poseen una calidad "insuficiente", lo que implica una falta de protección adecuada frente al medio natural. Además, el 14,1% de la población (4,2 millones de personas) padece de un saneamiento inadecuado, definido por la falta de baño, ubicación fuera del terreno o carencia de descarga de agua. La situación se agrava con el hacinamiento crítico, que afecta a 1,06 millones de personas (3,5%), quienes viven en condiciones donde habitan “más de tres personas por cuarto”, lo que genera severas limitaciones en materia de privacidad y salud. Asimismo, el factor ambiental suma presión: 2,8 millones de personas (9,4%) residen en zonas inundables.

En materia de salud, la segmentación es marcada. El 34,3% de la población total (10,2 millones de personas) solo posee cobertura médica a través del sistema público. Sin embargo, el dato más sensible refiere a la infancia: el 45,0% de los niños, niñas y adolescentes (hasta 17 años) solo accede al sistema público de salud, frente a un escaso 3,2% en el caso de los adultos mayores.

Respecto a la situación dominial, el sueño de la casa propia se aleja para una porción creciente de la sociedad. El 17,5% de las personas son inquilinos (5,2 millones), mientras que el 64,5% habita en viviendas donde son propietarios de la vivienda y el terreno. Un 10,0% adicional se encuentra en calidad de ocupante, ya sea por pago de impuestos, préstamo o de hecho.

La educación presenta claroscuros. Si bien la asistencia escolar entre los 4 y 17 años es casi universal (97,8%), el problema reside en el capital educativo acumulado en los hogares. El 38,5% de la población habita en hogares con un "clima educativo bajo" (que promedia entre 7 y menos de 11 años de escolaridad formal de los adultos). El informe define este indicador como “el promedio de la cantidad de años de escolaridad formal de las personas mayores de 18 años de cada hogar”. Este entorno condiciona directamente las trayectorias de los jóvenes: en el grupo de 25 a 29 años, solamente el 14,0% logró finalizar sus estudios de nivel superior o universitario.

Desglose de datos adicionales
Asistencia por edad: La inasistencia escolar es mayor a los 4 años (10,3%) y en adolescentes de 15 a 17 años (5,1%).
Jóvenes (18 a 24 años): El 49,8% asiste a un establecimiento educativo, mayoritariamente en el nivel superior (74,8%). Del 50,2% que no asiste, el 55,2% completó el secundario pero no continuó estudios.
Adultos mayores: El 96,7% cuenta con obra social o prepaga, reflejando la cobertura del sistema previsional.
Proximidad a riesgos: Un 6,1% de las personas habita a menos de tres cuadras de basurales, cifra que entre los pobres indigentes se mantiene en niveles similares (6,5%) pero con mayor impacto en zonas inundables (19,3%).