Dólar Oficial
$1.560
Dólar Blue
$1.565
Dólar Tarjeta
$2.028
Euro
€1.721,06
Real
R$283,57
Azúcar Tucumán · 50kg
$36.375
Azúcar Int. · Londres N5
US$24,707
Azúcar Int. · EEUU N11
US$423,29
Bioetanol de caña ($/L)
1.083
Bioetanol de maíz ($/L)
992.806

Obtenido en Comunicación Tucumán
La medida gubernamental se concretó durante la jornada de este jueves por indicación directa del mandatario Osvaldo Jaldo, en coordinación con el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, y las autoridades de la Jefatura de Policía. A través de este operativo, un grupo integrado por 18 personas privadas de la libertad que se encontraban cumpliendo condenas efectivas en el Complejo Penitenciario Villa Urquiza fue derivado hacia las instalaciones del penal de Benjamín Paz.
El director general del Servicio Penitenciario, Antonio Quinteros, precisó que el contingente trasladado abarca a internos cuyas edades se ubican entre los 18 y los 21 años. El funcionario remarcó que, tras la ejecución de este procedimiento, la unidad de Villa Urquiza no registra actualmente reclusos comprendidos en ese rango etario, mientras se mantiene el funcionamiento de la Unidad 8 para menores en conflicto con la ley penal y un área destinada a adultos mayores.
Respecto a las nuevas condiciones de detención, el director del Complejo Penitenciario Benjamín Paz, subprefecto Raúl Melián, detalló que los recién ingresados deberán someterse al régimen cerrado característico de dicho establecimiento. En ese sentido, los internos contarán con un solo día de visita semanal, no tendrán permitido el uso de teléfonos celulares ni la recepción de mercadería enviada por sus familiares, y deberán integrarse a los programas dispuestos por el equipo interdisciplinario.
La reubicación de los condenados responde a una evaluación técnica conjunta entre la Dirección General y la Subsecretaría de Servicios Penitenciarios para garantizar el cumplimiento del principio de progresividad del régimen penal. Las autoridades provinciales remarcaron que continuarán trabajando en la reestructuración de los establecimientos carcelarios para adecuar el tratamiento de los reclusos según las normativas y categorías vigentes en el sistema de seguridad.