Tras la seguidilla de suicidios, Cano exige la reglamentación urgente de la Ley de Salud Mental

Tucumán enfrenta una emergencia humanitaria y sanitaria en materia de salud mental que se refleja en cifras alarmantes: durante 2025 se contabilizaron 227 víctimas de suicidio, elevando la tasa provincial a 13,5 casos por cada 100.000 habitantes, un indicador que se sitúa significativamente por encima del promedio federal de 11,8. Ante este escenario, el legislador José Cano exigió al Poder Ejecutivo la inmediata reglamentación operativa de la Ley Provincial de Salud Mental N° 9.923, sancionada unánimemente en septiembre de 2025, denunciando que la demora en su aplicación impide desplegar equipos profesionales en el territorio para abordar problemáticas críticas como el consumo precoz de sustancias y el acoso escolar.

El parlamentario radical fue contundente al señalar que el retraso administrativo tiene consecuencias letales para la población vulnerable. Respecto a la falta de vigencia de la norma, Cano disparó: "El estancamiento de esta ley no es un simple retraso, es una negligencia imperdonable y un severo incumplimiento de los deberes del Estado. Diseñar planes de salud desde un escritorio y sin estadísticas reales es una pérdida de tiempo".

Por su parte, las autoridades provinciales vinculan la complejidad del cuadro local a un contexto de desprotección federal. El ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, calificó la situación nacional como una “ausencia de políticas públicas a nivel nacional” y un “abandono de políticas de prevención”. No obstante, Masso había adelantado la semana pasada que en un plazo aproximado de 15 días “ya tendremos una respuesta sobre cómo será la reglamentación de la Ley de Salud Mental de la provincia”, buscando fortalecer los dispositivos sociocomunitarios ante el incremento de la demanda.

Uno de los pilares de la normativa es la creación del Observatorio para la Prevención del Suicidio y Conductas de Riesgo, un proyecto de autoría de Cano que permanece inactivo. Al respecto, el legislador manifestó: "Me genera una profunda angustia y frustración ver que logramos una ley de avanzada, que creamos el Observatorio justamente para salvar vidas, y el Gobierno lo tiene guardado. Si no saben dónde están parados frente al bullying, el consumo o la ludopatía, cualquier campaña que hagan será inútil".

Esta preocupación por la prevención temprana coincide con las advertencias de especialistas que colaboran con el Ejecutivo. Fabiana Lavaque, integrante del Colegio de Psicólogos, señaló que la reglamentación es la herramienta fundamental para “acercar soluciones a una problemática tan compleja” como el riesgo en adolescentes. Lavaque enfatizó la necesidad de un abordaje interdisciplinario, asegurando que la provincia debe avanzar en la “promoción y el abordaje comunitario de las conductas de riesgo”.

Desfinanciamiento y crisis de acceso

Cano también puso el foco en la brecha entre la legislación y la realidad del sistema de salud, denunciando que el sector público se encuentra saturado y el privado es inaccesible. "La ley está guardada en un cajón por pura burocracia. Mientras tanto, el sistema público está desbordado, no se ejecuta el presupuesto destinado para esta área y una consulta privada es totalmente impagable para cualquier trabajador", enfatizó el parlamentario.

La disputa por el financiamiento es central, ya que la ley tucumana aspira a blindar el 10% del presupuesto de salud para esta área, una meta históricamente incumplida. Mientras el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla, sostiene que la Provincia está dispuesta a realizar un “esfuerzo adicional para fortalecer estos dispositivos”, Cano insiste en que la única vía de contención real es poner a trabajar a los equipos profesionales en las escuelas y barrios de manera inmediata para frenar una tragedia que “no puede esperar un minuto más”.