Ponen bajo la lupa a la empresa china que llevará a cabo la obra de energía "El Bracho-Villa Quinteros"

En la sesión presidida por el vicegobernador Miguel Acevedo, la Legislatura de Tucumán aprobó la ratificación de un convenio en materia de gestión energética provincial de una obra largamente esperada: la construcción de 57 kilómetros de líneas eléctricas de media y alta tensión, junto con una nueva estación transformadora en Leales. El acuerdo, firmado el 24 de julio pasado y ratificado por decreto el 7 de agosto, transfiere a la provincia las responsabilidades que antes recaían en la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía de la Nación. Este traspaso, que involucra una inversión de $51,1 mil millones y US$18,3 millones (actualizados a marzo de 2025, IVA incluido), busca optimizar la gestión territorial.

La obra, destinada a reforzar el suministro eléctrico en el sur de Tucumán, el Gran San Miguel de Tucumán, el oeste de Catamarca y el sur de Santiago del Estero, responde a una demanda histórica que, según los legisladores, acumula más de 15 años de promesas incumplidas. Sin embargo, la aprobación no estuvo exenta de objeciones: durante el debate, se señalaron posibles incumplimientos de la empresa contratista, riesgos de sobrecostos y la necesidad de implementar auditorías estrictas para garantizar la transparencia en la ejecución.

El acuerdo establece roles definidos entre las partes involucradas: la Secretaría de Energía, representada por María Carmen Tettamanti, actúa como cedente; la Provincia de Tucumán, representada por el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, asume el rol de cesionario; y la unión transitoria Sinohydro Corporation LTD-CODELER S.A. Tucumán, representada por Yibo He, se encarga de la ejecución como contratista. La obra incluye la ampliación de la línea de alta tensión de 132 kV entre El Bracho y Villa Quinteros, además de la construcción de la estación transformadora en Leales, un proyecto considerado crucial para garantizar un suministro eléctrico confiable y de calidad.

El legislador oficialista Carlos Gallia, explicó los detalles del convenio: “La idea central es que el gobierno nacional, a través de la Secretaría de Energía, cede a la provincia de Tucumán la totalidad de la responsabilidad y el control sobre el contrato para la construcción de esta importante obra de infraestructura eléctrica. A cambio, la Nación se compromete a aportar una suma fija de dinero, dejando a la provincia a cargo de cualquier costo adicional. La Secretaría de Energía se compromete a aportar un monto total fijo y definitivo, actualizado a marzo de 2025, de $51.000 millones y US$18 millones. Este monto no será actualizado bajo ninguna circunstancia posterior, lo que significa que la provincia asume el riesgo inflacionario futuro del proyecto”. Gallia destacó que Tucumán se convierte en el “comitente único y exclusivo” del contrato, asumiendo derechos y obligaciones como supervisar la obra, aprobar facturas y aplicar sanciones, mientras la Nación conserva un rol de inspección técnica.

La relevancia de la obra no fue cuestionada, pero sí se alzaron voces críticas sobre su gestión. El legislador Alberto Olea subrayó su carácter prioritario: “Esta doble terna de 132 kV desde El Bracho hasta Villa Quinteros es una antigua deuda del gobierno para con los tucumanos, que ya lleva más de 15 años. Para quienes somos del sur de la provincia, desde Villa Quinteros, Monteros y otros departamentos, es una obra significativa que va a cambiar la historia en materia eléctrica de Tucumán. Ya se encuentra contenida en la ley de emergencia eléctrica en la red troncal número 8342 y sus modificatorias como una de las prioridades para generar un correcto abastecimiento de energía”.

Sin embargo, la legisladora Raquel Nievas (Trabajando por Tucumán - foto superior -) expresó preocupaciones sobre la contratista: “Reforzar el suministro eléctrico es muy bueno, pero conlleva un endeudamiento de la provincia. La información que tenemos indica que esta UTE extranjera, Sinohydro Corporation Limited, ha tenido incumplimientos en los tiempos de ejecución de obras, ha generado sobrecostos y, en algunos casos, ha presentado problemas como fugas en las transferencias de energía. Hay que estar atentos a la auditoría y definir quién será responsable”.

Por su parte, Silvia Elías (Valores para Tucumán) destacó el origen de los fondos y la necesidad de controles rigurosos: “Esta obra se financia con plata que es nuestra, de los tucumanos, que estaba en un fideicomiso al que aportábamos a través de una sobretasa. Espero que dejemos de escuchar que se corta la luz por la falta de la doble terna El Bracho-Villa Quinteros. Pero pido que se hagan todas las auditorías necesarias para evitar sobrecostos y garantizar que la empresa cumpla en tiempo y forma”.

Emergencia eléctrica

El legislador Roque Álvarez contextualizó la obra en un marco histórico y técnico: “Desde 2011, esta Legislatura vota la emergencia eléctrica porque no se terminan las obras previstas. Esta doble terna de 132 kV permitirá liberar energía que antes se destinaba a otras zonas, como Catamarca, para uso exclusivo de Tucumán. Esto no solo beneficia a Villa Quinteros o Monteros, sino a todos los departamentos del sur hasta La Cocha, haciéndolos sustentables para la instalación de industrias. Es una sesión trascendente, que habla de un Tucumán previsible y sustentable”.

El titular de la bancada del PJ también señaló problemas estructurales en el sistema eléctrico provincial: “La central Independencia, que abastece desde la calle San Martín hasta la Jujuy al 4000, es prácticamente obsoleta en parte. Por eso, no nos sorprendamos si el próximo año votamos nuevamente la emergencia eléctrica para incorporar obras como la modernización de esta central”, advirtió.

La ratificación del convenio representa un avance significativo para Tucumán, pero también un desafío. La provincia asume la responsabilidad de financiar cualquier costo adicional derivado de la inflación o redeterminaciones de precios posteriores a marzo de 2025, lo que genera preocupación en un contexto económico volátil. Además, los antecedentes de la contratista Sinohydro Corporation LTD, señalados por Nievas, refuerzan la necesidad de una supervisión estricta.

El proyecto, que comenzó a gestarse con la firma del contrato original el 13 de septiembre de 2023 entre el extinto Fondo Fiduciario y la contratista, es visto como una oportunidad para resolver problemas energéticos históricos. Sin embargo, su éxito dependerá de la capacidad de la provincia para gestionar los recursos, controlar los avances y garantizar la calidad de la obra, que en la jornada del miércoles fue supervisada por el propio gobernador Osvaldo Jaldo.