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La investigación judicial se originó a partir de las alertas emitidas por la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, organismo conocido como DEA, sobre el accionar de una organización originaria de México que planeaba ingresar estupefacientes por la vía marítima, derivando en la intervención de la PROCUNAR y los agentes del Departamento Federal de Investigaciones quienes infiltraron a 1 oficial encubierto para identificar la estructura delictiva liderada presuntamente por 1 hombre apodado Buen Rostro oriundo de la región de Zapopan en el estado de Jalisco.
El seguimiento permitió detectar que el grupo necesitaba recuperar 1 camioneta que había llegado a la Zona Resguardo de ARCA en Zárate tras iniciar su recorrido en Bélgica, lo que motivó 1 inspección con escáneres que reveló densidades anormales en el vehículo y derivó en el hallazgo de 38 botellas plásticas en el tanque de combustible junto a otros 49 paquetes rectangulares ocultos en las puertas que arrojaron un pesaje total de 52 kilos de MDMA.

Tras retirar el estupefaciente los investigadores instalaron dispositivos de rastreo satelital para ejecutar 1 entrega vigilada que fue frustrada cuando el ciudadano mexicano llegó al lugar para trasladar el rodado hacia 1 taller de Villa Urquiza con el objetivo de desarmarlo pero no contaba con el dinero en efectivo que debía entregar 1 emisario de Venezuela a través de 1 sistema financiero informal para concretar el retiro de la zona portuaria.
Ante estas evidencias el Juzgado Nacional en lo Penal Económico 2 ordenó la ejecución de 8 allanamientos distribuidos en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Salta donde resultaron detenidos el ciudadano de México, el individuo de Venezuela y 1 hombre de Argentina que brindaba apoyo logístico, quienes quedaron a disposición de la justicia por el secuestro del material que permitiría elaborar 1 millón de pastillas de éxtasis alcanzando un valor estimado de 18 millones de dólares.