Dura respuesta del Colegio de Abogados ante la denuncia de un letrado por privación ilegítima de la libertad

El caso de un abogado que denunció a personal de la comisaría de Banda del Río Salí por privación ilegítima de la libertad, vejaciones y apremios ilegales generó una dura respuesta del Colegio de Abogados, que reclamó medidas al Ministerio de Seguridad y a la Jefatura de Policía.

Ernesto Enzo Nieva, abogado de 69 años, denunció que el 9 de septiembre, cuando fue a asistir a un cliente por un siniestro vial, personal de la comisaría lo tomó por el cuello de manera violenta y lo retuvo junto a otros detenidos, le quitaron el celular y lo hicieron firmar un documento cuyo contenido desconoce.

Denuncian que en la comisaría de Banda del Río Salí detuvieron ilegalmente, incomunicaron y vejaron a un abogado

El letrado asegura que lo detuvieron vuando fue a asistir a un cliente que había protagonizado un accidente de tránsito. Dijo que se descompensó y le hicieron firmar un documento

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El organismo que nuclea a los abogados matriculados reunió a la Comisión de Defensa de la Defensa del Consejo Directivo para evaluar la situación, a la que consideró de "tal dimensión institucional que determina la necesidad de una intervención activa del Colegio".

En su dictamen, el cuerpo entendió que "la gravedad institucional de la cuestión examinada no depende de que este Colegio determine anticipadamente si los hechos denunciados ocurrieron exactamente en la forma relatada".

"Existe una cuestión anterior y más profunda", expresó el Colegio. "El ordenamiento jurídico tucumano ha decidido expresamente que el abogado que ejerce su ministerio debe recibir un trato compatible con la trascendencia de su función y ha establecido garantías específicas para su actuación en dependencias policiales", entendió.

"Esas normas no protegen una prerrogativa corporativa. Protegen al ciudadano frente al poder estatal", subrayaron.

El escrito lleva las firmas del presidente Alberto López Domínguez, el vicepresidente Martín Lucio Terán y los vocales suplentes Ileana Battaglia y Santiago Guaymás Ocampo. Puntualmente, la comisión directiva resolvió 15 medidas orientadas a esclarecer el hecho, dar seguimiento a la causa, brindar apoyo al denunciante y, sobre todo, advertir a las autoridades de la provincia sobre la problemática general.

Se decidió poner en conocimiento de la situación al ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa y al jefe de Policía, Joaquín Girvau, para que arbitren las medidas administrativas pertinentes. Además, le requirieron "que impartan una INSTRUCCIÓN GENERAL, EXPRESA Y OBLIGATORIA (las mayúsculas son del documento original) a todas las dependencias policiales de la Provincia" para que den cumplimiento a las leyes que regulan la actividad, "haciendo conocer a todo el personal las facultades que asisten a los abogados cuando concurren a dependencias policiales en ejercicio de su profesión. A tal fin, solicitaron que el texto de las normas sea exhibido en lugar visible en todas las comisarías. Finalmente, se propuso a las instituciones de seguridad la elaboración de un protocolo de actuación para el ejercicio de la abogacía en dependencias policiales.

"El abogado que pregunta por una persona detenida, exige conocer los motivos de su privación de libertad, solicita identificar a la autoridad interviniente o pretende entrevistarse con su asistido no perturba el funcionamiento de la institución policial: cumple la función que la Constitución y las leyes le asignan dentro del sistema de justicia", fundamentaron.

Y agregaron: "del mismo modo, la autoridad policial que facilita ese ejercicio no resigna autoridad ni debilita su función. Cumple la ley y fortalece la legitimidad institucional de su actuación", concluyeron.