La Defensoría del Pueblo pide suspender una Consulta Pública por el aumento en la tarifa de EDET

La Defensoría del Pueblo de la Provincia interpuso un recurso de reconsideración para evitar la convocatoria efectuada por el Ente Regulador de los Servicios Públicos de Tucumán (ERSEPT) a la Consulta Pública Documentada (CPD), para la revisión de la tarifa extraordinaria del costo de prestación de la empresa EDET.

Vale recordar que la firma adujo que la variación computada del Índice Representativo de los Costos Directos de la Prestación (IRCP) arroja un valor del 31,96%, por lo que es necesario realizar la apertura de la Consulta Publica que discutirá la variación final del VAD (Valor Agregado de Distribución) aplicable a los trimestres noviembre 2024 – enero 2025 y febrero 2025 – abril 2025.

Ante ello, y mediante una nota elevada al órgano de control, el Secretario Legal y Técnico de la Defensoría, Adelmo Rosello, por instrucciones del titular de la entidad, Eduardo Cobos, señaló que tal solicitud "en el marco de la actual volatilidad económica y financiera, y elevadísima suba de las tarifas públicas en relación a lo salarios y jubilaciones, aparece como altamente inconveniente a la economía ciudadana, especialmente a la más vulnerable".

Sistema ineficaz

Así, desde la Defensoría se solicitó se deje sin efecto el llamado a la CPD y no se proceda al aumento de las tarifas respectivas. "Si bien se entiende que la empresa tiene costos de mantenimiento, no es menos cierto que los usuarios, la parte más débil en la relación contractual monopólica, tienen derechos especiales de protección de carácter constitucional que no pueden ser dejados de lado".

En paralelo, se catalogó a la CPD como un "sistema ineficaz" como método de participación ciudadana, pues, de acuerdo a lo sostenido por Rosello, "de ninguna manera asegura o garantiza el debate y la discusión que el tema amerita, más aun cuando el aumento de la tarifa puede llegar a producir la imposibilidad de aquellos de abonar el servicio, viéndose impedidos, por ende, de gozar del mismo".

Al respecto, se enuncia en la nota, que la propia Constitución Nacional refiere a garantizar la participación ciudadana mediante mecanismos eficaces en instancias públicas de discusión y debate susceptibles de ser ponderada por la autoridad de aplicación al momento de la fijación del precio del servicio. "La modalidad propuesta simplemente consiste en inscribirse en un registro de participación, luego de lo cual se presentan los aportes, oposiciones y pruebas, y sólo podrán efectuarse a través de un correo electrónico que provee el Ente, siendo esa y nada más que esa toda la participación del usuario", alegaron desde la Defensoría.

Por otra parte, el organismo que ejerce la tutela de los derechos de los usuarios tucumanos, resalta que los plazos para la realización de la convocatoria y la publicidad de la CPD "de ninguna manera respetaron el debido proceso ni garantizan la participación ciudadana".

Pleitos pendientes y una vacante clave

También se aclara desde la Defensoría que aún se encuentra judicializada una CPD anterior, que data del 2023, ante la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo en contra del ERSEPT, por lo que "no debió convocar a una nueva consulta y sí llamar a una verdadera audiencia pública como lo establece la ley 7892, plenamente vigente, que aprobó en todos sus términos el Acta de Renegociación Integral del Contrato de Concesión de EDET SA", allí se deja asentado que desde el momento en que la distribuidora solicita el incremento de tarifa, el ERSEPT cuenta con un plazo de 20 días para la convocatoria a una Audiencia Pública.

En esta instancia, la entidad dirigida por Cobos recuerda que a nivel nacional, cuando se prevé variación de precios, los organismos gubernamentales, como la Secretaría de Energía, el ENARGAS, el ENRE, sí realizan estas audiencias en donde pueden participar instituciones, ONG, empresas y usuarios particulares de todo el país.

"Consideramos que no existe razonabilidad alguna en negarse a realizar una verdadera audiencia pública ni en omitir en publicar las convocatorias en las páginas web de las empresas correspondientes o en publicar insuficientemente", es la queja de la Defensoría en contra del ERSEPT.

Por otra parte, se advierte que el "Representante de los usuarios" en estas audiencias o convocatorias, que depende del Ente de control pero su designación la establece el Poder Ejecutivo, "estaría formalmente vacante" para el período 2023-2025 puesto que la misma "no consta de manera pública y formal hasta la fecha, lo que le quita legitimidad al ERSEPT para convocar, ya que el Representante tiene como función velar por el cumplimiento de los servicios de asesoramiento y tutela previstos en la propia ley de creación del Ente".

Calidad del servicio

Al hacer mención que, tanto la Defensoría como el propio ERSEPT, reciben denuncias por mal servicio de EDET, baja tensión, cortes reiterados en el área metropolitana y con mayor frecuencia en el interior, problemas con la segmentación tarifaria basados en migraciones de segmento aparentemente arbitrarias en la facturación, se resalta que los clientes "habiendo pagado una tarifa respecto de una calidad determinada, y habiendo recibido un servicio de menor calidad, se ha configurado un daño a los usuarios, daños que no se resarcen con las sanciones que semestralmente impone el ERSEPT a la distribuidora".

En tal sentido, la Defensoría apunta que el Ente no solo debe tener en cuenta la variación de costos de la economía, sino la calidad general del servicio que presta la empresa. "Y el ERSEPT debe ser mucho más eficaz con el control y mucho más estricto en las sanciones", ponderó el órgano.

Finalmente, en torno a la variación de los precios en la economía, la Defensoría sostiene que "dado que muchos de los índices que componen el VAD han experimentado mermas y reducción de impuestos, la modificación del cuadro tarifario debería arrojar un porcentaje cercano al 0% o, incluso, una merma, por lo que por este motivo también nos oponemos a cualquier suba de tarifas", completó el organismo.