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La decisión gubernamental fue comunicada de manera oficial por el Ministerio de Relaciones Exteriores que encabeza Abbas Araghchi, fundamentando la medida en la colaboración británica con las operaciones militares extranjeras. Según el argumento esgrimido por Teherán, el gobierno de Londres facilitó instalaciones y bases operativas bajo su jurisdicción para respaldar las incursiones estadounidenses e israelíes.
La resolución fue dictaminada por el Consejo Supremo de Seguridad Nacional con entrada en vigor inmediata para preservar los intereses nacionales. La normativa dispuso además que el servicio de inteligencia exterior británico, conocido como MI6, quedara clasificado en la categoría de grupo hostil bajo una legislación local que estipula condenas agravadas por actos de espionaje.
La cartera diplomática iraní vinculó estas nuevas disposiciones con las medidas sancionatorias implementadas por el Reino Unido durante el mes de julio, cuando incluyeron a la Guardia Revolucionaria dentro de su esquema de restricciones. En ese sentido, las autoridades islámicas apelaron a una ley de reciprocidad para incorporar a las fuerzas armadas británicas en la nómina de agrupaciones terroristas.
Este cruce diplomático ocurre en el contexto de la crisis militar que afecta a toda la región de Medio Oriente e impacta de manera directa sobre la seguridad del transporte marítimo. Las tensiones se concentran especialmente en las restricciones vigentes para la navegación mercantil a través del estrecho de Ormuz, una vía estratégica para la distribución del petróleo a nivel internacional.