FRAUDE AL ESTADO
Imputan a empleados del Subsidio de Salud por millonaria maniobra con certificados falsos de discapacidad
El Ministerio Público Fiscal acusó a tres trabajadores de la obra social estatal por presunto fraude en perjuicio de la administración pública. Vendían certificados truchos. La causa fue declarada asunto complejo.
Tres empleados del Instituto de Previsión y Seguridad Social (IPSS-Subsidio de Salud) fueron imputados este viernes por su presunta participación en una maniobra fraudulenta vinculada a la emisión de Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) falsos.
La audiencia de formulación de cargos y pedido de medidas cautelares se realizó a requerimiento del Ministerio Público Fiscal (MPF).
La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, dirigida por la fiscal Mariana Rivadeneira, quien fue representada en la audiencia por el auxiliar de fiscal Leandro Abdala. A los acusados se les atribuyen los delitos de defraudación a la administración pública, en concurso real con tentativa de defraudación y falsificación de instrumento público, en calidad de presuntos coautores.
Uno de los sospechosos fue detenido en la terminal de ómnibus de San Miguel de Tucumán cuando intentaba viajar hacia la provincia de Córdoba. El procedimiento se produjo luego de que no pudiera ser localizado durante un allanamiento realizado ese mismo día.
De acuerdo con la acusación, desde enero de 2026 los imputados habrían actuado de manera coordinada para ofrecer a afiliados la obtención de certificados de discapacidad truchos a cambio de dinero. A cambio, prometían cobertura total de prácticas médicas, cirugías y prótesis.
Según la pesquisa, los documentos falsificados eran entregados a las víctimas tras el pago de distintas sumas, que en cuatro casos detectados alcanzaron los $1.950.000, y luego eran incorporados a expedientes administrativos reales dentro del organismo.
Aprovechando sus funciones dentro de la obra social estatal, los acusados habrían facilitado el avance de los trámites, desde el ingreso de la documentación hasta su paso por auditoría médica. De este modo, en algunos casos lograron la aprobación de prestaciones, incluyendo intervenciones quirúrgicas y provisión de prótesis.
La maniobra fue detectada por las propias autoridades del Subsidio de Salud, tras advertir irregularidades en expedientes. Si bien en algunos casos se logró frenar el circuito, en otros las prestaciones ya habían sido autorizadas, lo que generó un perjuicio económico estimado en $27.904.918.
Para la fiscalía, los imputados no solo falsificaron documentación pública, sino que también indujeron a error a las autoridades del organismo, que aprobaron trámites basados en información fraudulenta.
En cuanto a las medidas cautelares, el MPF había solicitado la prisión preventiva por seis meses al considerar riesgos de fuga y entorpecimiento de la investigación. Además, requirió que la causa sea declarada compleja, lo que fue concedido por la jueza interviniente por el plazo de un año.
Sin embargo, la magistrada resolvió dictar prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario por dos meses, con monitoreo electrónico, para uno de los imputados. Para los otros dos, dispuso medidas de coerción de menor intensidad, que incluyen reglas de conducta y el pago de una caución de $3 millones cada uno.
