
El proyecto conocido como ley EMA, que propone la creación de un programa provincial de prevención y abordaje integral de la violencia digital en las escuelas, obtuvo despacho favorable en la Comisión de Educación del Senado y avanzó un paso más en su tratamiento legislativo.
La iniciativa surgió tras el caso de Emma Bondaruk, la adolescente que se quitó la vida luego de que se difundiera sin su consentimiento un video íntimo entre compañeros de su escuela. La propuesta busca prevenir situaciones de violencia digital mediante acciones de capacitación, protocolos de actuación y acompañamiento para estudiantes, docentes y familias.
En ese contexto, el abogado especializado en derecho, innovación tecnológica e inteligencia artificial Marco Rossi sostuvo en LV7 en el programa La mañana del Popular que el avance de las nuevas tecnologías obliga a replantear las herramientas jurídicas y educativas para proteger a niños y adolescentes. "Todo fenómeno tecnológico que comienza a involucrarse en la vida interpersonal de las personas tiene que ser abordado para que podamos convivir en paz", afirmó.
El especialista explicó que, si bien existen normas como la Ley Olimpia y otras disposiciones vinculadas al acoso y la violencia de género, el nuevo proyecto incorpora un enfoque preventivo orientado al ámbito educativo y a los desafíos que plantea el uso de la inteligencia artificial.
Según Rossi, uno de los principales aportes de la iniciativa es que fortalece la responsabilidad de las instituciones educativas frente a situaciones de violencia digital ocurridas dentro de su ámbito y promueve la implementación de protocolos específicos para actuar ante estos casos.
Además, remarcó que la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento representa una problemática que se complejiza con el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial capaces de generar contenidos falsificados mediante datos biométricos.
Durante la entrevista también hizo referencia a casos registrados en Tucumán, donde se investigó la circulación de imágenes creadas con inteligencia artificial que involucraban a estudiantes de una institución educativa.
En ese sentido, señaló que resulta indispensable contar con fiscalías especializadas en ciberdelitos, mejorar la preservación de pruebas digitales y capacitar tanto a operadores judiciales como a las comunidades educativas.
Rossi también advirtió sobre los riesgos que representa el creciente uso de plataformas de inteligencia artificial como espacios de contención emocional para adolescentes.
Al respecto, mencionó que en Estados Unidos ya existen demandas promovidas por familias contra empresas desarrolladoras de inteligencia artificial, luego de casos de autolesiones y suicidios de menores que, según las presentaciones judiciales, habrían mantenido interacciones con asistentes virtuales antes de los hechos.
Para el especialista, el principal desafío continúa siendo la prevención dentro del ámbito familiar."Lo primero es comprender qué plataformas utilizan los chicos, conocer cómo funcionan y mantener el diálogo. La tecnología no puede ser ajena a las familias", sostuvo.
Asimismo, recomendó que, ante un caso de violencia digital, los padres preserven las pruebas mediante capturas de pantalla, busquen asesoramiento especializado y denuncien los hechos para facilitar la investigación.
Finalmente, Rossi consideró que el avance tecnológico exige un cambio cultural que combine educación, responsabilidad institucional y actualización permanente de las normas jurídicas para responder a las nuevas formas de violencia que surgen en los entornos digitales.