Desarticulan una banda criminal acusada de estafas por más de $1.000 millones

Una investigación del Ministerio Público Fiscal (MPF) derivó este martes 6 de octubre en una serie de allanamientos y medidas contra siete personas sospechadas de integrar una organización que, bajo la fachada de una empresa constructora, habría cometido estafas por un monto que superaría ampliamente los $1.000 millones.

Entre los investigados se encuentra un efectivo de una fuerza nacional.

La pesquisa está a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, conducida por Diego Alejo López Ávila, y apunta a reconstruir una presunta estructura que habría operado desde 2021 utilizando comercialmente la firma "Constru Servicios S.A.S.".

Según la hipótesis de los investigadores, el grupo ofrecía principalmente la construcción de viviendas bajo la modalidad "llave en mano", además de intervenir en operaciones relacionadas con lotes y vehículos. A cambio, habría recibido de los clientes importantes sumas de dinero en efectivo, moneda extranjera, automóviles, mercadería y hasta derechos sobre inmuebles.

La Fiscalía sostiene que detrás de esas operaciones existía una organización con una división específica de funciones, encabezada por un hombre señalado como presunto ideólogo y jefe. La estructura se completaba, siempre según la acusación, con socios, familiares y allegados que cumplían diferentes tareas dentro del circuito.

Como parte de la investigación, la UFI solicitó autorización judicial para realizar durante este martes allanamientos destinados a concretar detenciones y secuestrar elementos considerados de interés para la causa.

Las medidas fueron requeridas respecto de siete personas, entre ellas quien aparece señalado como líder de la presunta organización y un integrante de una fuerza nacional. La Fiscalía investiga a los sospechosos como presuntos coautores de los delitos de estafas reiteradas, estelionato, libramiento de cheques sin fondos y asociación ilícita.

Viviendas "llave en mano" y lotes que no habrían entregado

De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, durante una primera etapa la operatoria estuvo centrada en contratos de locación de obra para la construcción de viviendas "llave en mano".

La oferta habría servido para captar clientes interesados en acceder a una vivienda, quienes entregaban distintos bienes como contraprestación. El MPF sostiene que la actividad posteriormente alcanzó también acuerdos vinculados con la compraventa de terrenos y vehículos.

Las víctimas habrían entregado sumas millonarias en pesos y moneda extranjera, pero también automóviles, mercaderías y derechos sobre diferentes propiedades.

La principal hipótesis de la Fiscalía es que los responsables recibían esos bienes sabiendo que no serían destinados al cumplimiento de las obligaciones asumidas.

Los investigadores sostienen además que los sospechosos ocultaban su verdadera situación económica y que, en algunas de las operaciones investigadas, no contaban con la titularidad de los terrenos y otros bienes que ofrecían.

En ese contexto, la estructura comercial de la empresa habría sido utilizada para transmitir una imagen de solvencia y generar confianza entre los potenciales clientes.

El rol que habrían cumplido socios, familiares y allegados

La investigación también intenta determinar cómo se distribuían las funciones dentro de la presunta organización.

Según la acusación, los socios principales habrían aportado la logística necesaria para sostener hacia el exterior la apariencia de una empresa en funcionamiento.

El MPF identificó además lo que describe como una segunda línea integrada por familiares y allegados, que habría tenido un papel financiero dentro de la operatoria.

La hipótesis fiscal indica que ese grupo intervenía cuando comenzaban los reclamos de las víctimas y buscaba postergar las exigencias de cumplimiento mediante la entrega de instrumentos de pago.

Entre las maniobras investigadas aparece la emisión sistemática de cheques que, según sostiene el Ministerio Fiscal, carecían de respaldo bancario.

La causa continúa ahora con el análisis de los elementos reunidos durante la investigación y de los resultados de las medidas ordenadas para este martes. La Fiscalía busca determinar el alcance total de las operaciones atribuidas al grupo y establecer el monto definitivo del perjuicio, que en esta etapa de la pesquisa estima por encima de los $1.000 millones.