Choferes de aplicaciones en alerta: piden cambios en el registro municipal para no perder su fuente de trabajo

Un nutrido grupo de prestadores de servicios de transporte por aplicaciones móviles se manifestó este martes a la mañana frente a la sede del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán para demandar participación activa en la confección de las reglas que regularán su labor y solicitar que los trámites exigidos se adapten a sus posibilidades reales. La protesta busca evitar que las nuevas pautas administrativas pongan en riesgo la continuidad laboral de cientos de personas que dependen de estas plataformas para generar sus ingresos familiares.

La movilización se produjo en el marco de la reciente apertura del padrón digital dispuesto por la Intendencia capitalina, el cual fijó como plazo límite el 30 de noviembre para que los conductores de plataformas como Uber, DiDi y Cabify completen su inscripción gratuita. Este proceso de regularización dentro del marco del sistema de transporte local exige la presentación de licencias profesionales, certificados de antecedentes, seguros específicos y verificación técnica, como paso previo a las inspecciones que otorgarán un código identificatorio para operar en la ciudad.

Frente a las puertas del edificio legislativo municipal, los manifestantes argumentaron que requisitos como la tramitación del carnet habilitante clase D1 resultan sumamente complejos de obtener en los municipios locales cuando no se proviene del sector del taxi tradicional. Asimismo, cuestionaron los límites de antigüedad vehicular fijados para los automóviles y motocicletas, señalando que muchas personas adquirieron rodados usados de modelos anteriores a las exigencias vigentes (13 años) que se encuentran en perfecto estado de funcionamiento y constituyen su principal herramienta de trabajo.

En el transcurso de la jornada, una delegación de representantes de los choferes ingresó al recinto deliberativo para entablar conversaciones directas con los concejales. Los trabajadores sostienen que las normativas urbanas deben elaborarse a partir del consenso con los involucrados directos, permitiendo que la actividad continúe siendo económicamente viable y respetando el esfuerzo de quienes recurrieron al transporte de pasajeros ante la falta de empleo formal o para complementar sus presupuestos mensuales.