CIFRAS OFICIALES
El funcionamiento de las OGA: La Justicia penal de Tucumán realizó más de 19.000 audiencias en 2025
Un informe del Poder Judicial revela que entre febrero y diciembre se desarrollaron 19.343 audiencias penales. En ese período también se dictaron 1.180 condenas efectivas y 738 condicionales. Robos, a la cabeza.
La Corte Suprema de Justicia de Tucumán difundió un informe sobre el funcionamiento de las Oficinas de Gestión de Audiencias (OGA) del fuero penal, que da cuenta de la actividad registrada entre el 1 de febrero y el 31 de diciembre de 2025, en el marco del sistema acusatorio establecido por el nuevo Código Procesal Penal.
Según el documento oficial, al que Tendencia de Noticias tuvo acceso, durante ese período se realizaron 19.343 audiencias penales, vinculadas a 6.504 legajos o expedientes, lo que refleja el volumen de actividad judicial en la etapa de investigación, control de medidas y resolución de causas en la provincia.
El informe, elaborado a partir de registros del sistema informático OgaWeb y de las oficinas de estadística del Poder Judicial, también detalla el uso de medidas cautelares y el resultado de los procesos penales.
Prisiones preventivas
Entre febrero y diciembre del año pasado se dictaron 1.741 prisiones preventivas, a las que se suman 2.445 prórrogas de esa medida cautelar.
El informe también permite identificar cuáles son los delitos que aparecen con mayor frecuencia en la actividad judicial. En los legajos en los que se dictaron prisiones preventivas, los hechos más recurrentes fueron robo (714 casos), lesiones (218), hurto (214), amenazas (141), narcomenudeo (140) y abuso sexual (138).
En cuanto a los resultados de los procesos, durante el año pasado se dictaron 1.180 condenas efectivas y 738 condenas condicionales en audiencias judiciales.
Entre las condenas efectivas dictadas en audiencias se destacan nuevamente los delitos contra la propiedad, con 429 casos de robo y 171 de hurto, seguidos por lesiones (124), abuso sexual (95), amenazas (92) y narcomenudeo (58), lo que confirma que esos tipos de hechos concentran una parte significativa de las causas penales tramitadas en la provincia durante el período analizado. Las estadísticas oficiales también reflejan que los delitos contra la propiedad están al tope en los indicadores de inseguridad en Tucumán.
Respecto de las condenas condicionales, el mayor número de casos se registró en penas de entre dos y tres años, también con predominio de delitos contra la propiedad y hechos de violencia interpersonal.
El documento, además, señala que en el período analizado se realizaron 918 audiencias vinculadas a juicios orales y públicos, correspondientes a 190 expedientes, mientras que 207 causas registraron audiencias de este tipo.
Entre los delitos que con mayor frecuencia llegaron a esta instancia figuran abuso sexual, robo, homicidio, lesiones, incluidas las vinculadas a violencia de género, y narcomenudeo.
La Corte explicó que las estadísticas fueron elaboradas a partir del backup del sistema OgaWeb del 2 de marzo de 2026, donde se registran las audiencias y sus resultados. En el informe se consideran como audiencias realizadas aquellas que figuran en el sistema como efectivas, reconvertidas, continuadas, reprogramadas o suspendidas.
El relevamiento busca ofrecer un panorama del funcionamiento del sistema penal acusatorio en la provincia, a partir de la actividad registrada en las OGA del Poder Judicial.
Debate interno
El informe difundido por la Corte se conoce en un contexto de debate institucional dentro del propio Poder Judicial tucumano por la implementación de las OGA. La polémica surgió hace un año, luego de que el camarista civil Benjamín Moisá presentara una objeción de conciencia contra una acordada del máximo tribunal que dispuso la creación de una OGA en el fuero civil y comercial.
En su planteo, el magistrado sostuvo que ese esquema, impulsado por la Corte con el argumento de mejorar la eficiencia del sistema, sería inconstitucional porque, a su entender, traslada funciones propias de los jueces a estructuras administrativas, lo que afectaría principios como la independencia judicial, la garantía del juez natural y la indelegabilidad de la función jurisdiccional. Según advirtió, la centralización de la gestión en esas oficinas podría reducir el rol del magistrado a la firma de resoluciones finales, mientras la conducción material de los procesos quedaría en manos de órganos administrativos internos.
Pese a estos reparos, la Corte avanzó con la implementación del nuevo modelo organizativo que centraliza la administración de audiencias.
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