Desenmascaran a una red internacional de tráfico de armas con ramificaciones en Tucumán

Los chilenos Alejandro Piero Arias Glaria y Francisco Eduardo Cáceres fueron aprehendidos en diciembre de 2023 en Tucumán cuando transportaban armas de fuego sin contar con la documentación que acreditara su origen ni los permisos correspondientes para portarlas y trasladarlas. Aquel procedimiento de rutina de Gendarmería Nacional, realizado a la altura de Aguilares sobre un colectivo de larga distancia que se dirigía desde San Miguel de Tucumán hacia Mendoza, dio origen a una compleja investigación.

Un año después de que la Fiscalía Federal N° 2 de Tucumán, a cargo de Agustín Chit, formulara la acusación y solicitara medidas concretas, el Juzgado Federal interviniente ordenó días atrás los allanamientos, detenciones y requisas requeridas para avanzar sobre el entramado local que habría abastecido el tráfico ilegal de armas con destino internacional.

Durante el operativo que dio origen a la causa, el personal de Gendarmería detectó que Arias Glaria y Cáceres transportaban entre sus ropas y equipajes un total de ocho armas de fuego, cargadores, municiones, dinero en distintas monedas y teléfonos celulares. Ambos sospechosos, que tenían como destino final Chile, fueron detenidos y posteriormente procesados con prisión preventiva por el delito de acopio de armas de fuego.

Según consignó la Fiscalía en su dictamen, al que Tendencia de Noticias tuvo acceso, “las armas se encontraban sin la debida autorización, circunstancia que configuró un riesgo concreto para la seguridad pública”, lo que motivó la apertura inmediata de la causa penal.

Una organización que excedía a los detenidos

Lejos de tratarse de un hecho aislado, el análisis de los teléfonos celulares secuestrados, junto con informes de organismos nacionales e internacionales, permitió a los investigadores reconstruir una trama mucho más amplia. De acuerdo al dictamen fiscal, la organización operaba desde al menos noviembre de 2023 y estaba integrada por empleados de armerías en Tucumán, prestanombres con credenciales de legítimos usuarios y proveedores que actuaban como nexos.

En ese esquema, nueve hombres, entre estos siete tucumanos, cuya situación procesal está por definirse, habrían cumplido distintos roles para “sustraer armas del mercado legal e introducirlas en el mercado ilegal, entregándolas a cambio de dinero a personas no autorizadas”.

La Fiscalía fue contundente al señalar que se trató de una maniobra organizada y sostenida en el tiempo. “Las armas eran transferidas formalmente a nombre de legítimos usuarios, pero se trató de transferencias simuladas, ya que el armamento era luego desviado al mercado ilegal”, expuso el fiscal Chit, quien lleva adelante la instrucción del caso con la colaboración de la auxiliar Julia Vitar.

El rol de las armerías y las transferencias simuladas

Parte central de la investigación apuntó al accionar de dos empleados de una conocida armería ubicada en calle Chacabuco al 100 de San Miguel de Tucumán, quienes, según la acusación, habrían utilizado su conocimiento técnico y su posición dentro del comercio para facilitar operaciones irregulares.

El dictamen detalla que “en algunas de estas ocasiones, las transferencias habrían sido realizadas mediante la introducción de falsedades en documentos públicos, incluyendo firmas apócrifas en los formularios de la ANMAC (Agencia Nacional de Materiales Controlados)”.

La trazabilidad de las armas secuestradas reveló además que varias transferencias se consolidaron días después del procedimiento que dio inicio a la causa, un dato que reforzó la hipótesis fiscal de que los trámites se utilizaban para “blanquear” armas que ya estaban en circulación ilegal.

De acuerdo con la investigación, las armas terminaban en manos de G. E. D., quien actuaba como proveedor ilegal, para luego ser entregadas a N. A. F. y. R. R. F., intermediarios que finalmente abastecían a Arias Glaria y Cáceres (los nombres de los otros imputados no puede ser revelados hasta tanto se determine su procesamiento).

La Fiscalía sostuvo que los involucrados “tenían pleno conocimiento de que las armas serían trasladadas al mercado ilícito internacional”, principalmente hacia Chile. Incluso se vincula la causa con otra investigación en trámite en Mendoza por contrabando transnacional de armas, lo que refuerza la hipótesis de una organización criminal de alcance regional.

Demora judicial

Pese al volumen de pruebas reunidas, producto de escuchas telefónicas, informes periciales, análisis de tráfico de llamadas y documentación oficial, pasó aproximadamente un año desde que la Fiscalía Federal presentó el dictamen acusatorio hasta que el Juzgado Federal a cargo del magistrado Guillermo Díaz Martínez, ordenó finalmente los allanamientos y detenciones solicitadas.

En ese período, la fiscalía advirtió sobre el riesgo de entorpecimiento de la investigación y la continuidad de la actividad delictiva. En el escrito se remarca que “las adquisiciones de armas no se condicen con los ingresos de los investigados, lo que refuerza la hipótesis de una operatoria ilícita organizada”.

La acusación encuadra los hechos como entrega ilegal de armas de fuego agravada por habitualidad, en concurso ideal con acopio de armas, delitos que prevén penas de hasta 15 años de prisión. Además, no se descarta que surjan imputaciones por falsedad documental a medida que avance el análisis de la documentación secuestrada.

Para la Fiscalía, la causa permitió “determinar cómo funciona, en parte, el mercado ilegal de armas en la provincia de Tucumán y cómo ese mercado alimenta el acopio y tráfico internacional”.

Fuentes de la Fiscalía consultadas por este medio admitieron que se trata de un expediente voluminoso, con ramificaciones locales e internacionales, que recién comienza a mostrar todo su alcance judicial.