
En un escenario marcado por el aumento de denuncias por violencia institucional y prácticas policiales abusivas en barrios populares, organizaciones de derechos humanos, sociales, territoriales y medios de comunicación impulsaron la creación del "Mapa de la Policía de Tucumán", una herramienta ciudadana y periodística destinada a registrar, visibilizar y denunciar el accionar de las fuerzas de seguridad en la provincia.
La iniciativa surge frente a un agravamiento de la situación durante el último año. Desde mediados de 2024, distintas organizaciones advirtieron un incremento de megaoperativos policiales con detenciones masivas, atravesados por irregularidades como cobros ilegales, incomunicación de personas detenidas y obstáculos para el acceso a la defensa legal. Según las organizaciones, este tipo de prácticas profundiza la vulnerabilidad de quienes viven en los barrios populares, sometidos a un control permanente y desproporcionado.
“El Mapa de la Policía Tucumán es una herramienta ciudadana y periodística creada para registrar, visibilizar y entender los abusos policiales en nuestra provincia. Reúne denuncias, testimonios y recursos de ayuda para acompañar a víctimas y testigos”, señalaron desde las organizaciones impulsoras. El objetivo central, explicaron, es “promover el control social sobre las fuerzas de seguridad, desnaturalizar la violencia institucional y fortalecer una red comunitaria de cuidados”.

La plataforma web (foto inferior) funciona a través de un mapa interactivo de la provincia que sistematiza de manera colectiva información sobre el accionar policial. Incluye un formulario para registrar casos de violencia institucional y detenciones arbitrarias, además de ofrecer recursos y orientaciones para actuar ante este tipo de situaciones. Entre sus propósitos se encuentran visibilizar los casos de abuso, generar un espacio de participación ciudadana, brindar acompañamiento a víctimas y testigos, y aportar insumos para incidir en políticas públicas de seguridad desde una perspectiva de derechos humanos.
La experiencia tucumana se inscribe en una iniciativa de alcance nacional. El antecedente inmediato es el Mapa de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, creado en 2022, cuya labor permitió identificar a personal de seguridad involucrado en represiones a protestas sociales, entre ellos al agresor del reportero gráfico Pablo Grillo. Actualmente, La Plata y la provincia de Córdoba cuentan también con herramientas similares.
Uno de los ejes que motivó la creación del mapa en Tucumán es la reiteración de operativos policiales conocidos popularmente como “el trencito”, desplegados desde agosto de 2024 en barrios periféricos al microcentro. Se trata de largas filas de móviles oficiales que recorren las calles durante horas, “levantando a cualquiera que transite” por la vía pública. De acuerdo con testimonios recolectados por la organización ANDHES, estas prácticas generaron un clima de temor generalizado.

Las denuncias incluyen también ingresos a viviendas sin orden judicial y la sustracción de pertenencias. Vecinos relataron que efectivos policiales entraron a domicilios particulares “sin orden de allanamiento” y se llevaron dinero, motocicletas y bicicletas. "Una mujer denunció haber sido amenazada por policías mientras se encontraba con su bebé dentro de su casa", resaltaron desde la entidad.
A estas situaciones se suman acusaciones de violencia física y extorsión. Según los testimonios relevados, “los policías piden entre 200 y 300.000 pesos para liberar a la gente que detienen”. Una testigo describió una golpiza contra su hermana, a quien “le han sacado un diente a trompadas”, y relató su propia experiencia: “Me bajan de los pelos, me tiran al suelo y me empiezan a patear entre cuatro policías varones y una femenina”, puede observarse en un material audiovisual creado para explicar este tipo de accionar policial.
Los operativos también impactan sobre trabajadores del espacio público. Artistas callejeros, vendedores ambulantes y limpiavidrios denunciaron detenciones mientras realizaban sus actividades habituales. El artista Luigi Mortadela contó que fue subido a un patrullero mientras hacía malabares en un semáforo, junto con vendedores de flores y maní. Desde las organizaciones advierten que estas acciones responderían a un “cupo de detenidos” o “police challenge”, donde cientos de personas son demoradas y liberadas horas después sin causa. Según el Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, esta práctica “facilita la discrecionalidad policial”.
Pese a las críticas, el Poder Ejecutivo provincial ratificó su respaldo a las fuerzas de seguridad. El gobernador Osvaldo Jaldo sostuvo que “la policía hoy está haciendo todo dentro de la ley y nada fuera de la ley”, y afirmó que los operativos continuarán. En la misma línea, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán rechazó un habeas corpus preventivo presentado por ANDHES, al considerar que estas acciones se encuadran en las funciones policiales establecidas por una normativa vigente desde 1970.
Autocuidado
Tras ese fallo, la directora ejecutiva de ANDHES, Florencia Vallino, confirmó que el caso fue elevado a la justicia nacional: “Presentamos un recurso para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revise la decisión porque existe un riesgo real de sufrir detenciones arbitrarias”.
En paralelo, el anuncio del plan 9010, que prevé la incorporación de fuerzas federales a estos operativos, generó nuevas preocupaciones en los barrios populares. Desde esos sectores sostienen que “esa mayor ocupación no es seguridad”, sino una forma de “violencia organizada contra la población”. Frente a un discurso oficial que minimiza las denuncias como “errores” o bajo la consigna de “el que nada debe nada teme”, vecinos y organizaciones comenzaron a organizar talleres barriales para compartir herramientas jurídicas y de autocuidado. “Conocer tus derechos es fundamental para poder ejercerlos”, remarcan, con el objetivo de no naturalizar operativos que, según advierten, “intentan someter a través del miedo”.
La creación del Mapa de la Policía Tucumán fue desarrollado por ANDHES, Patria Grande, la Fundación Periodismo en Crisis, Patria Amiga, el Frente Popular Darío Santillán y el medio Meta Crisis, en una actividad abierta que busca poner en común diagnósticos, testimonios y estrategias frente a la violencia institucional en la provincia.