
Noticias Argentinas difundió que la causa contra el empresario Marcelo Porcel, denunciado por al menos diez menores por presuntos abusos sexuales, sumó nuevos elementos de extrema gravedad tras el hallazgo de cámaras ocultas en su domicilio. Así lo confirmó Pablo Hawlena Gianotti, quien detalló los resultados de las pericias e insistió en la necesidad de avanzar con la detención e indagatoria del acusado.
Según explicó el letrado, los peritajes informáticos realizados sobre los dispositivos secuestrados permitieron establecer que Porcel grababa a los menores mediante cámaras ocultas instaladas en baños y habitaciones de la vivienda familiar. El hallazgo surgió del análisis científico de los equipos incautados durante el allanamiento.
En declaraciones realizadas en el programa Vamos Rivadavia, conducido por Gonzalo Bañez en Radio Rivadavia, Hawlena brindó detalles sobre el estado actual de la investigación y cuestionó las decisiones adoptadas por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50, a cargo del juez Carlos Manuel Bruniard, con intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°1, encabezada por Pablo Turano.
El abogado precisó que las pericias confirmaron la existencia de cámaras ocultas al detectarse en el teléfono celular del imputado capturas de pantalla de una videofilmación tomada desde un lente oculto, orientado directamente hacia el sector de la ducha del baño del dormitorio de sus hijos. Según indicó, el objetivo de ese dispositivo habría sido registrar imágenes de los compañeros de los niños que se quedaban a dormir en la casa o participaban de actividades deportivas.
Ante este escenario, la querella solicitó autorización para revisar el material audiovisual, dado que los padres de los menores aún no fueron convocados para reconocer las imágenes obtenidas.
Hawlena señaló además que se pidió la indagatoria del empresario por abuso sexual agravado por la condición de guardador y la multiplicidad de víctimas, así como por la entrega de dinero u otros beneficios a cambio de conductas sexuales y por corrupción de menores agravada. Sin embargo, sostuvo que el magistrado rechazó en dos oportunidades tanto la indagatoria como la detención, a pesar de la existencia de elementos probatorios que, a criterio de la querella, habilitan el avance del proceso penal.
El abogado explicó que, en el caso de los primeros cinco menores denunciantes, la fiscalía acompañó el pedido inicial de indagatoria, pero no el de arresto. Como única medida de resguardo, el juez dispuso una cautelar trimestral, que la querella considera insuficiente para garantizar la protección de los menores involucrados.
Desde la representación de las víctimas advirtieron que la causa permanece en un punto crítico y reiteraron la necesidad de adoptar medidas más severas frente a la gravedad de los hechos investigados.