Avalan millonaria contratación directa pero el Tribunal de Cuentas exige mayor participación y control en futuras adjudicaciones

El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Tucumán (TC), con las firmas de Miguel Chaibén Terraf (presidente) y Sergio Díaz Ricci (vocal), dio su aval a una contratación directa por más de $3000 millones para la construcción de un nuevo edificio escolar en San Pedro de Colalao, según el Acuerdo N° 3434 del 21 de agosto pasado. Sin embargo, el organismo expresó preocupaciones sobre el procedimiento utilizado, instando a la Dirección de Materiales y Construcciones Escolares (DMCE) a notificar con antelación las modalidades de contratación en futuros proyectos y a cumplir con los procesos de control previo, en un contexto donde la ausencia de licitación pública genera, de por sí, cuestionamientos.

El proyecto, aprobado mediante el Decreto Nº 2355/8 (MOySP) del 19 de agosto, adjudica a la empresa HELPA S.A. la ejecución de la obra “Construcción de un edificio nuevo para establecimiento educativo Secundaria San Pedro de Colalao” por un monto de $2.407.346.302,41. Además, autoriza hasta $481.469.260,48 para adicionales e imprevistos (20%) y $120.367.315,12 para gastos de inspección (5%), totalizando un presupuesto general de $3.009.182.878,01. El decreto también faculta al director de la DMCE a firmar el contrato con HELPA S.A. y establece la imputación presupuestaria correspondiente, con previsiones para el ejercicio 2026.

El TC, en su análisis, destacó la justificación de la obra: “Las presentes actuaciones son iniciadas por la Dirección de Educación Secundaria del Ministerio de Educación, quien solicita la construcción de un nuevo establecimiento secundario en la localidad de San Pedro de Colalao, fundamentando su pedido en el adecuado desarrollo pedagógico, el incremento de la matrícula y el hecho de tener que compartir las instalaciones con la Escuela Primaria N° 44 Pcia. de Neuquén”. La necesidad de la obra se basa en el crecimiento de la matrícula, las diferencias en los diseños curriculares entre primaria y secundaria, y la necesidad de cumplir con la Ley de Educación Provincial N° 8391, además de garantizar seguridad y calidad educativa.

El Departamento de Ingenieros Fiscales del TC, en su Informe Técnico N° 285/25, indicó que “analizada la documentación contenida en el expediente, y en particular la presentada por el adjudicatario y el informe de la Comisión de Preadjudicación, la oferta cumple con los requisitos exigidos en pliegos, razón por la cual no se le formulan observaciones”. Sin embargo, señaló errores en los pliegos: “…en el artículo 5° del Pliego de Bases y Condiciones Legales se cometió un error de tipeo al referirse al Adelanto de Fondos, por una parte, dice 30% y luego consigna 20%. Asimismo, en el artículo 12: Mantenimiento de Propuesta se consigna en letras NOVENTA días corridos y en números dice (30)…”. Por su parte, el Departamento de Contadores Fiscales, en el Informe Contable Nº 960, confirmó la corrección de la partida presupuestaria, pero advirtió que “…la repartición para la prosecución del presente trámite deberá emitir el correspondiente comprobante de compromiso de la ejecución de la obra por el período a ejecutar en el presente ejercicio, y exhibirlo ante la Delegación Fiscal destacada…”.

A pesar de no formular observaciones al acto administrativo, el TC fue enfático en su advertencia a la DMCE: “Corresponde advertir a la Dirección de Materiales y Construcciones Escolares que deberá someter a Control Preventivo de este Tribunal de Cuentas la aprobación del contrato respectivo, previo a su suscripción. Adicionalmente, deberá recomendarse a la repartición de origen y a la Secretaría de Obras Públicas que, en futuros procedimientos, pongan a consideración de este Órgano de Control, en tiempo oportuno, los actos administrativos que dispongan las aprobaciones de documentación técnica y pliegos, que definan los procedimientos de contratación a emplearse”. Esta recomendación subraya la necesidad de mayor transparencia y control en procesos que eluden licitaciones públicas, una práctica que generó críticas recurrentes en la provincia.

El aval del TC, condicionado al cumplimiento de las correcciones señaladas y la emisión del comprobante de compromiso, refleja un equilibrio entre la urgencia de la obra y la necesidad de garantizar la legalidad y transparencia en el uso de fondos públicos. La contratación directa, justificada por la premura y las necesidades educativas, deberá ser acompañada por un mayor rigor administrativo en el futuro para evitar cuestionamientos sobre la gestión de recursos. Este proyecto, que busca responder al crecimiento educativo en San Pedro de Colalao, pone en el centro del debate la importancia de procedimientos claros y competitivos en las contrataciones públicas.