ADIUNT exige el cumplimiento total del financiamiento tras el fallo de la Corte mientras el Gobierno busca acotar su impacto

Tras el rechazo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al recurso extraordinario federal presentado por el Poder Ejecutivo, dejando firme la medida cautelar que obliga a la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán (ADIUNT) endureció su postura y exigió de forma inmediata la ejecución total de los fondos para salarios y becas, desestimando los convenios firmados recientemente por otros sectores. Por su parte, el Gobierno nacional minimizó el revés judicial y realizó una interpretación restrictiva del dictamen, argumentando que las partidas otorgadas mediante los acuerdos paritarios de este mes ya cubren más de la mitad del presupuesto exigido por el tribunal para el año en curso.

A través de un duro comunicado emitido por su comisión directiva, el gremio liderado por Anahí Rodríguez (Secretaria General-foto inferior) y Dorkas Andinas Guevara (Secretaria Adjunta) celebró la decisión judicial. Desde la organización sindical manifestaron textualmente que "con este fallo queda sin efecto la maniobra para seguir incumpliendo. El Estado debe ejecutar de forma urgente los artículos 5° y 6° de la Ley: recomposición salarial docente y nodocente, estimada en 50%, y actualización de las becas estudiantiles".

En la vereda opuesta, la interpretación dentro de la Casa Rosada difiere de la lectura gremial. Fuentes oficiales, citadas por el diario Clarín, señalaron que la resolución de la Corte Suprema solo ratificó los artículos 4 y 5 del texto legal, vinculados estrictamente a salarios y becas, y aclararon que la cuestión de fondo sobre la validez total de la ley aún no fue resuelta. Desde el entorno del Ejecutivo precisaron que, de los 1,3 billones de pesos proyectados para esos rubros en todo el año, unos 830 mil millones de pesos ya se encuentran garantizados tras el acta paritaria firmada el pasado 10 de junio. El remanente restante, según indicaron desde el oficialismo, pretenden discutirlo durante el transcurso del segundo semestre.

Sin embargo, para los representantes de ADIUNT, los entendimientos previos no saldan la deuda histórica con los trabajadores de las casas de altos estudios. En el documento publicado, las dirigentes apuntaron contra el pacto alcanzado semanas atrás entre el Ministerio de Capital Humano y otras federaciones: "El fallo llega una semana después de que el Gobierno lograra el aval de algunos rectores y burocracias sindicales para sostener el ajuste con un acta del 21,3%. Acta que ADIUNT y CONADU Histórica rechazamos, porque legaliza la pérdida salarial". En sintonía con esto, agregaron de forma tajante que "ahora el Gobierno está obligado a pagar toda la deuda salarial, no solo el 21,3%. Pero sabemos que buscará nuevas maniobras para seguir incumpliendo. ¡No lo podemos permitir!".

Para el sector universitario de gestión, la intervención del tribunal supremo representa un hito en el conflicto que se inició en 2025, luego de que el Congreso ratificara la ley tras el veto impuesto por el presidente Javier Milei. "Fue un camino largo y difícil. Hoy la Corte Suprema reafirmó que el Poder Ejecutivo debe cumplir la Ley de Financiamiento Universitario", aseveró Emiliano Yacobitti, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

A pesar del optimismo en los rectorados, la resolución de la Corte adoptó un carácter intermedio. Al tiempo que desestimó la presentación de la Procuración del Tesoro de la Nación, evitó pronunciarse a favor de las demandas definitivas del sistema universitario. El avance del proceso quedó supeditado a la determinación del juez de primera instancia Martín Cormick, quien deberá validar legalmente el acta acuerdo firmada el 10 de junio. Dicho convenio establece una suba salarial del 24,33% distribuida en dos tramos: un 21,33% en junio tomando como base los sueldos de mayo de 2026, y un 3% complementario en octubre sobre los básicos de septiembre.

En las oficinas gubernamentales mantienen la postura de restarle dramatismo a la sentencia y confían en que las negociaciones previas compensarán el retraso en los haberes del sector. La preocupación central en Balcarce 50 radica en evitar el desembolso total de la ley, una cifra que las estimaciones de la Casa Rosada ubican en torno a los 3,2 billones de pesos anuales.

Frente a la posibilidad de que el Ejecutivo dilate la liquidación completa de los fondos, la conducción de ADIUNT busca profundizar las medidas de fuerza en todo el país. El comunicado concluye con un llamado directo a la acción gremial a nivel nacional: "Frente a este nuevo escenario, desde ADIUNT, reclamamos que la CONADU Histórica convoque de manera urgente a un Congreso Extraordinario para votar la huelga y un plan de lucha con las acciones necesarias hasta que el Gobierno cumpla íntegramente con la Ley de Financiamiento Universitario".