La Justicia Federal investiga una presunta asociación ilícita en el entorno del Ingenio La Trinidad

La Justicia Federal de Tucumán avanza en una de las investigaciones económicas más relevantes de los últimos años: la presunta conformación de una asociación ilícita tributaria que, desde 2011, habría utilizado un sistema de sociedades para evadir impuestos, apropiarse de aportes previsionales de trabajadores del Ingenio La Trinidad y vaciar empresas relacionadas con la explotación azucarera. Según el Ministerio Público Fiscal, el esquema habría operado más de una década y sus integrantes —contadores, administradores y apoderados— enfrentarían penas de entre tres años y medio y diez años de prisión.

La causa se originó tras diversas fiscalizaciones de AFIP y actuaciones penales que revelaron la sucesión de empresas que tomaban a su cargo la explotación del ingenio, quedaban luego sin actividad ni patrimonio y acumulaban deudas impositivas y previsionales. De acuerdo con el dictamen fiscal, el grupo habría operado a través de firmas como Mijasi SRL, Azucarera del Sur SRL, Anzuc SRL, el Fideicomiso Azúcares del Tucumán y Los Chaguares SA, cada una activa por períodos breves antes de quedar vaciada y ser reemplazada por otra.

Los imputados identificados por la fiscalía incluyen a Ricardo Sixto Ansonnaud, señalado como organizador del esquema; a Fabio Enrique Seoane, considerado responsable operativo; además de dos empleados y un hombre recientemente fallecido.

INICIO DE ZAFRA: Sixto Ansonnaud junto al Gobernador Osvaldo Jaldo y el Diputado Nacional Roberto Sánchez.-

En el caso de Los Chaguares SA, la investigación detectó montos millonarios en impuestos evadidos: más de $93 millones en 2017 y más de $109 millones en 2018 solo en IVA y Ganancias, además de importantes sumas de aportes previsionales no ingresados entre 2017 y 2019.

El dictamen menciona maniobras como la ocultación de la realidad económica de la empresa, la omisión maliciosa de declaraciones juradas, el registro de créditos fiscales inexistentes y el uso de socios sin capacidad económica que figuraban retirando azúcar producido. La Procelac intervino para analizar la estructura del grupo y evaluar posibles mecanismos de lavado y vaciamiento.

La figura penal aplicada es la de asociación ilícita tributaria, prevista en el artículo 15 inciso “c” de la Ley Penal Tributaria, que sanciona la integración de organizaciones destinadas a cometer delitos fiscales sin necesidad de que cada hecho esté consumado. La fiscalía solicitó además medidas cautelares para asegurar bienes y eventuales decomisos.

La causa tomó un giro más tenso con las declaraciones del abogado defensor Arnaldo Ahumada, representante de Ansonnaud y de parte de las empresas investigadas al diario La Gaceta. El letrado afirmó que su cliente “no debe absolutamente nada”, ya que todas las obligaciones se encuentran dentro de un plan de moratoria y blanqueo vigente desde hace tres años, aprobado con la conformidad del Ministerio Público Fiscal y de ARCA. Por ese motivo, planteó la nulidad de la indagatoria y calificó la acusación como “absurda” y “escandalosa”.

Ahumada cuestionó que el Estado continúe recibiendo pagos del plan mientras avanza una imputación por asociación ilícita. También señaló que esta situación “mina la seguridad jurídica” y criticó que, pese a la suspensión penal otorgada en su momento, se impulse ahora un avance procesal: “No podés ofrecer un plan de blanqueo donde prometés la suspensión de la acción penal y luego aparecer con esto en el medio del camino”.

Con todos los imputados ya indagados, la Justicia deberá resolver en las próximas semanas si dicta el procesamiento y profundiza la causa o si considera los planteos de la defensa. Mientras tanto, el expediente continúa ampliándose y se perfila como un antecedente relevante en materia de delitos económicos vinculados al sector azucarero.