Unidos por Tucumán denunció al delegado de Garmendia por extorsionar a empleados para que voten a Jaldo

La lista de candidatos a diputados nacionales de Unidos por Tucumán presentó este lunes una denuncia penal ante la Justicia Federal con competencia electoral contra el delegado comunal de Gobernador Garmendia, Marcelo Fabián Salazar, a quien acusan de extorsionar a empleados comunales para que voten al oficialismo provincial, que encabeza Osvaldo Jaldo.

La presentación solicita además el apartamiento preventivo del funcionario y medidas para garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores hasta después de las elecciones del 26 de octubre.

La denuncia, firmada por Roberto Sánchez, José María Canelada, Micaela Viña y Milagros Céliz, se apoya en un video difundido en redes sociales donde se observa al comisionado Salazar dirigiéndose a los empleados de la comuna y advirtiéndoles:

“A nosotros nos toca elegir Diputados Nacionales... por eso no hay cómo errarle. El que se equivoca se equivoca porque quiere, o porque no le gusta el peronismo o el candidato. Por eso ya tengo impresa la renuncia para que pasen a firmarla el día lunes”.

Según se detalla en la presentación judicial, las expresiones del funcionario —registradas en una transmisión en vivo en Facebook— “configuran una amenaza coactiva” dirigida a condicionar la voluntad electoral de los trabajadores.

“El denunciado, en su carácter de autoridad pública y con poder jerárquico sobre el personal, utilizó el peso de su cargo para imponer conductas políticas bajo amenaza de pérdida del trabajo”, sostiene el texto.

La denuncia cita los artículos 149 bis del Código Penal y 139 inciso 2° del Código Electoral Nacional, que sancionan la coacción y la violación de la libertad de sufragio. Además, argumenta que los hechos afectan derechos constitucionales fundamentales como la libertad del voto y la estabilidad laboral.

En su escrito, Unidos por Tucumán pidió que la Justicia Federal disponga el apartamiento inmediato de Salazar mientras dure la investigación penal, con el fin de impedir que continúe ejerciendo “influencia jerárquica o política” sobre los empleados comunales. También requirieron una medida cautelar para que se garantice la estabilidad de los trabajadores hasta la finalización del escrutinio definitivo, “a fin de que puedan ejercer su derecho al voto sin temor a represalias”.

El documento judicial advierte que la proximidad de las elecciones agrava la urgencia de la intervención judicial, y enfatiza que el uso del aparato estatal para condicionar el sufragio “constituye una vulneración grave de los principios democráticos y republicanos”.

"Estamos hartos del Tucumán de los matones"

Tras la presentación, los candidatos de Unidos por Tucumán brindaron declaraciones públicas. “Este delegado comunal debe ser separado de inmediato para evitar más aprietes. Estamos hartos del Tucumán de los matones, de los patrones de estancia. Si el gobernador fuera responsable, ya hubiera intervenido la comuna", señalaron los opositores.

Roberto Sánchez sostuvo que este hecho “no es un caso aislado” y que “hay una bajada de línea que viene de lo más alto del poder a las comunas rurales y municipios”.

“Venimos a defender a los empleados y ciudadanos, porque el voto debe ser absolutamente libre. Las autoridades no pueden aprovecharse de sus cargos para amenazar a las personas”, afirmó.

Por su parte, José María Canelada señaló que se trata de “una extorsión directa” y reclamó que el comisionado sea separado del cargo “para que no siga apretando por lo bajo”.

“Además de la denuncia, pedimos que se proteja a los trabajadores para evitar cualquier tipo de represalias”, indicó.

Micaela Viña agregó que “estas prácticas, lamentablemente, ya no sorprenden”, y recordó que en cada elección “se repiten hechos que ponen en riesgo la libertad del votante”.

“No podemos vivir amenazados. A cada tucumano le decimos que vote libre, porque esa es la única forma de poner fin a los aprietes”, expresó.