Un proyecto que sanciona las candidaturas testimoniales asoma como la nueva víctima de la cautelosa reforma electoral tucumana

En el marco del incipiente y complejo debate sobre la reforma electoral en la provincia de Tucumán, el legislador Walter Berarducci (Compromiso por Tucumán - foto inferior) elevó un proyecto de ley destinado a sancionar la figura de las denominadas "candidaturas testimoniales". La iniciativa busca incorporar el Artículo 26 bis a la Ley N° 7876 (Ley Electoral Provincial), estableciendo una severa inhabilitación para aquellos que, resultando electos, eluden la asunción de su cargo, una práctica calificada como una "defraudación al elector". No obstante, el destino de esta propuesta resulta incierto, dado que el oficialismo tucumano, liderado por el gobernador Osvaldo Jaldo, mostró una marcada prudencia respecto a cualquier modificación profunda del sistema de votación, privilegiando los planteos de los sectores más conservadores del peronismo.

El proyecto de ley define las “candidaturas testimoniales” como aquellas en las que una persona participa de un proceso electoral, “resulta electa y, sin causa justificada, no asume el cargo público para el cual fue elegida por la ciudadanía, frustrando la voluntad popular y quebrantando el vínculo esencial entre representante y representado”.

El texto propone una sanción directa: “La persona que resultare electa para un cargo público provincial, municipal o comunal y no tomare posesión efectiva del mismo dentro de los plazos legales establecidos, será pasible de inhabilitación para presentarse como candidato a cargos públicos electivos por un período de cinco años”. El legislador subraya que la sanción resulta “razonable y proporcional, en tanto cubre al menos un ciclo electoral completo, evitando la reiteración inmediata de la conducta reprochable”.

Los fundamentos del proyecto enfatizan que esta práctica “constituye una defraudación al elector, en tanto induce al ciudadano a emitir su voto en favor de una candidatura que, desde su origen o inmediatamente después de la elección, carece de la voluntad real de ejercer el mandato conferido”. La iniciativa se justifica en la necesidad de resguardar el sistema democrático representativo, el cual se funda en la buena fe electoral y la transparencia del proceso político.

Las causas que no eximen de sanción

El documento detalla de manera expresa las causales que no serán consideradas eximentes de la inhabilitación, buscando cerrar cualquier resquicio legal que pudiera ser utilizado para justificar el incumplimiento del mandato popular.

La sanción prevista en el proyecto solo no será aplicable “cuando la falta de asunción al cargo obedezca a una causa de fuerza mayor de carácter sobreviniente, debidamente acreditada y que configure una imposibilidad física o jurídica para el ejercicio del cargo”.

Sin embargo, el proyecto deja claro que no se considera fuerza mayor: “el mantenimiento de otro, cargo público, la voluntad política de no asumir, ni la renuncia formulada con posterioridad al acto electoral”. La Junta Electoral Provincial resulta la encargada de evaluar los extremos y determinar la procedencia de la sanción.

Berarducci apunta a que la legislación provincial de Tucumán (Ley N° 7876) “no prevé actualmente una sanción específica frente a la conducta consistente en no asumir el cargo para el cual se ha sido elegido, permitiendo así la reiteración de prácticas que resultan éticamente reprochables y políticamente perjudiciales”.

Aunque la eliminación de las candidaturas testimoniales es una idea que goza de respaldo en las usinas opositoras y se encuentra contenida en los borradores de reforma acercados al Gobernador por el vicegobernador Miguel Acevedo, el destino del proyecto de Berarducci parece comprometido ante la postura cautelosa del oficialismo provincial.

Jaldo manifestó la necesidad de modernizar el sistema de votación, pero solicitó prudencia y revisión detenida de las implicancias de cualquier modificación. Dentro del propio oficialismo, la resistencia a los cambios profundos resulta significativa. En particular, el ministro del Interior, Darío Monteros, y el presidente subrogante de la Cámara, Sergio Mansilla, se opusieron a las reformas más ambiciosas. Fundamentalmente, estos sectores no quieren que se abandone el sistema de boletas partidarias, lo que sugiere un debate acotado.

Los puntos principales que se debaten en la reforma, además de la eliminación de las candidaturas testimoniales, incluyen la aplicación progresiva de la Boleta Única Electrónica (BUE), la paridad de género con alternancia en las listas, la eliminación de las dobles candidaturas y una limitación a los acoples en función del número de bancas en disputa en cada municipio. Dado que la oposición más fuerte al cambio electoral proviene de altos mandos justicialistas y que Jaldo busca un “equilibrio” entre las promesas públicas y los rezongos justicialistas, se proyecta que la reforma que será debatida el jueves 18 de diciembre, se enfocará en modificaciones limitadas, dejando en riesgo la sanción de prácticas como las candidaturas testimoniales que erosionan la confianza ciudadana y la legitimidad de las instituciones.