Un proyecto busca transformar el IPV y multiplicar por diez la construcción de viviendas en Tucumán

El legislador provincial José "Pepe" Seleme presentó un proyecto de ley que propone una profunda reforma del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVyDU), con el objetivo de reemplazar el esquema tradicional de construcción estatal por un sistema basado en financiamiento privado, subsidios públicos y créditos hipotecarios para familias de ingresos medios y bajos.

La iniciativa, que lleva también las firmas de los legisladores José Macome y Manuel Courel, plantea un cambio de paradigma en la política habitacional de la provincia. En lugar de que el Estado construya y adjudique viviendas de manera directa, el proyecto propone que el IPV asuma funciones de regulación, control y asistencia financiera, mientras que el sector privado se encargue de desarrollar los emprendimientos habitacionales.

Para Seleme, la discusión resulta inevitable frente a un contexto nacional marcado por la desaparición de los grandes programas de financiamiento federal que durante décadas sostuvieron buena parte de las obras de vivienda en las provincias.

"Hoy ya no llegan fondos nacionales en la magnitud que llegaban hace algunos años y tampoco se espera que vuelvan a llegar. Si seguimos esperando que el Estado construya viviendas como hace cincuenta años, vamos a seguir teniendo miles de familias sin acceso a la casa propia", sostuvo el parlamentario.

La propuesta se enmarca en una visión que busca redefinir el papel del Estado en materia habitacional. El esquema diseñado por Seleme plantea que los bancos aporten el financiamiento, las empresas privadas ejecuten las obras y el Estado subsidie parte del capital y de los intereses de los créditos destinados a los beneficiarios.

Según explicó el legislador, el objetivo es que la ayuda estatal llegue directamente a las familias y no a través de mecanismos de contratación de obra pública. "La idea es que el subsidio vaya directamente a la familia y no a la empresa constructora. El Estado tiene que ayudar al tucumano a acceder a la vivienda, no convertirse en un gran constructor con estructuras burocráticas cada vez más costosas", afirmó.

En este esquema, el IPV conservaría facultades de regulación y control. Entre otras funciones, determinaría las zonas aptas para los desarrollos inmobiliarios, establecería las características de las viviendas, fijaría los requisitos socioeconómicos de los beneficiarios y supervisaría las condiciones financieras ofrecidas por las entidades bancarias.

Críticas al funcionamiento del IPV

Uno de los ejes centrales de la iniciativa está vinculado con el cuestionamiento a la estructura actual del organismo.

Seleme sostiene que existe una importante diferencia entre los recursos presupuestados y los efectivamente ejecutados por el IPV, situación que, a su criterio, limita la capacidad de respuesta frente a la demanda habitacional existente en la provincia. "Hay mucha diferencia entre lo presupuestado y lo que efectivamente se ejecuta. También hay mucho gasto improductivo. Si logramos eficientizar el funcionamiento del IPV, esos recursos podrían destinarse directamente a financiar más viviendas para los tucumanos", señaló Seleme (foto inferior).

El proyecto prevé además una reestructuración administrativa del instituto, con mecanismos de reasignación de personal a otras áreas del Estado, retiros voluntarios e indemnizaciones para quienes opten por dejar el organismo.

Uno de los puntos más ambiciosos de la propuesta son las estimaciones sobre el volumen de construcción que podría alcanzarse bajo el nuevo sistema.

Según los cálculos difundidos por el legislador, el modelo vigente permitiría construir alrededor de 750 viviendas por año. En cambio, si el Estado concentra sus recursos en subsidiar créditos y habilita la participación activa del capital privado, la capacidad de financiamiento podría multiplicarse hasta alcanzar unas 10.000 unidades habitacionales anuales.

"El objetivo es multiplicar la velocidad de construcción de viviendas y ampliar el acceso a la casa propia. El Estado debe concentrar sus recursos en subsidiar a las familias y dejar que el capital privado participe en la construcción", sostuvo.

Desde su perspectiva, los recursos públicos deberían orientarse prioritariamente a obras de infraestructura estratégica, como redes de agua potable, cloacas, caminos, puentes y sistemas de servicios básicos, áreas donde la inversión privada encuentra mayores dificultades para intervenir.

Más transparencia

La iniciativa también apunta a modificar los mecanismos de adjudicación y selección de beneficiarios, uno de los aspectos que históricamente generó cuestionamientos en distintas gestiones provinciales. "La reforma busca terminar con la falta de transparencia, con las viviendas de mala calidad y con la selección de beneficiarios a dedo. El sistema tiene que ser claro, competitivo y estar pensado para que la ayuda llegue directamente a quien la necesita", afirmó Seleme.

El legislador aclaró que la propuesta busca abrir una discusión de fondo sobre el futuro de la política habitacional en Tucumán y sobre las herramientas disponibles para enfrentar un déficit que afecta a miles de familias. "Tenemos que empezar a discutir cómo hacemos para que más tucumanos accedan a una vivienda. Si seguimos haciendo lo mismo, vamos a obtener los mismos resultados. El déficit habitacional no se resuelve con más burocracia, se resuelve con nuevas herramientas y con una mirada distinta sobre el rol del Estado", concluyó.

La iniciativa ingresará ahora al debate legislativo y promete generar discusión tanto por la redefinición del rol del IPV como por el alcance que debería tener la participación privada en una política pública históricamente vinculada al Estado. En un contexto de restricciones presupuestarias y cambios en el financiamiento nacional de la vivienda, la propuesta de Seleme instala una pregunta de fondo: cómo garantizar el acceso a la casa propia cuando los recursos públicos ya no alcanzan para cubrir la demanda existente.