
Una acción judicial impulsada desde Tucumán terminó generando un beneficio para los de afiliados del PAMI en todo el país. A partir de un amparo promovido por el diputado nacional Carlos Cisneros junto a la asociación civil REDECU, vinculada a la Asociación Bancaria, el organismo nacional debió oficializar una nueva resolución que restituye y mejora la cobertura del 100% en medicamentos para jubilados y pensionados.
La decisión se plasmó en la Resolución RESOL-2026-428-INSSJP-DE#INSSJP, que ya se encuentra vigente tras su publicación en el Boletín del Instituto. La norma establece nuevos criterios para garantizar la cobertura total de medicamentos por razones sociales y amplía el vademécum gratuito, al tiempo que flexibiliza los requisitos que habían sido cuestionados por su carácter restrictivo.
El conflicto se originó luego de que la actual gestión del PAMI dictara las resoluciones 2431/2024 y 2537/2024, que introducían estrictas condiciones patrimoniales y burocráticas para que los jubilados pudieran acceder a la cobertura total de sus tratamientos.
Frente a esa situación, Cisneros y REDECU presentaron un amparo judicial que cuestionó la legalidad de esas restricciones. El Juzgado Federal N° 2 de Mendoza falló a favor de los demandantes y ordenó retrotraer la medida, aunque el organismo demoró su cumplimiento.
“Este es un gobierno insensible que obliga a los jubilados a elegir entre comprar medicamentos o comer. Pero no hay que resignarse: la Justicia puso las cosas en su lugar y logramos un esquema de cobertura superior al que existía”, sostuvo Cisneros al referirse al resultado del proceso judicial.
Ante las demoras en la implementación del fallo, el caso avanzó también en el fuero penal federal en Tucumán. En nuestra provincia, la querella, con el patrocinio del abogado Juan Andrés Robles, y el dictamen del fiscal federal subrogante Agustín Chit, impulsaron una investigación por presunta desobediencia judicial e incumplimiento de deberes de funcionario público.
En ese marco se solicitó la indagatoria del titular nacional del PAMI, Esteban Leguízamo, y del responsable de la UGL Tucumán, Ernesto Iramain, lo que aceleró la respuesta del organismo.
La causa tomó un impulso decisivo tras la intervención del juez federal José Manuel Díaz Vélez, mientras que la Cámara Federal de Apelaciones también intervino para consolidar el criterio judicial que cuestionaba las restricciones impuestas por el organismo.
Ante ese escenario judicial, las autoridades del PAMI presentaron un acuerdo de reparación integral y adecuaron su normativa interna mediante la nueva resolución que restituye la cobertura total.
Además, la Dirección Ejecutiva del instituto emitió un memorándum interno instruyendo a todas las Unidades de Gestión Local (UGL) del país a implementar de manera inmediata las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento efectivo de la resolución, nacida en Tucumán y con impacto en todo el país.