Tucumán seguirá en emergencia en materia de seguridad, hídrica y social

El Poder Ejecutivo provincial elevó a la Legislatura una serie de proyectos de ley para extender los regímenes de emergencia en seguridad pública, hídrica y social. La iniciativa propone prolongar la emergencia en seguridad hasta diciembre de 2027, mientras que las emergencias hídrica y social, que rigen de forma ininterrumpida desde 2007, se extenderían hasta diciembre de 2026. Según los fundamentos remitidos a los legisladores, la continuidad de estos marcos excepcionales es necesaria para sostener políticas operativas, administrativas y presupuestarias destinadas a enfrentar fenómenos que el Ejecutivo considera persistentes y de alto impacto sobre la ciudadanía.

En el proyecto firmado por el gobernador Osvaldo Jaldo y el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa (foto inferior) el Ejecutivo advierte que la provincia continúa afectada por una “situación de peligro colectivo” derivada del “delito complejo, el crimen organizado y el avance de los delitos contra la propiedad”.

El mensaje oficial señala que la prórroga de la emergencia (dictada primeramente en 2017) busca “revertir las situaciones que viven nuestros ciudadanos cuando se pone en riesgo su seguridad personal y/o sus bienes, el ordenamiento social, y todo aquello que afecte a la seguridad pública en general”. En este sentido, el Gobierno plantea que la continuidad del régimen permitirá profundizar las acciones del Ministerio de Seguridad, de la Secretaría de Seguridad, del Departamento General de Policía y del Servicio Penitenciario Provincial.

El Ejecutivo también dedica un apartado a las políticas carcelarias. Allí sostiene que resulta “necesario considerar la ampliación de la capacidad de alojamiento en condiciones razonables y adecuadas de las personas privadas de su libertad”, respetando los estándares internacionales fijados por Naciones Unidas. El objetivo —se indica— es evitar situaciones de hacinamiento, garantizar custodia provincial de todos los detenidos y avanzar en la ampliación, mejora y adecuación de la infraestructura penitenciaria y policial.

La propuesta detalla además la necesidad de ampliar, capacitar y optimizar los recursos humanos del Servicio Penitenciario, como parte de la estrategia para fortalecer el sistema de seguridad provincial.

El segundo proyecto elevado por Jaldo y rubricado por el ministro Marcelo Nazur (foto inferior) propone modificar diversos artículos de la Ley 7.875 —texto consolidado— para prolongar nuevamente el Estado de Emergencia Hídrica y Social en toda la provincia.

En los fundamentos se recuerda que la emergencia —dictada originalmente en 2007 y prorrogada sucesivamente desde entonces— exige un funcionamiento administrativo particularmente dinámico, dadas las frecuentes contingencias climáticas y sociales que afectan a distintas regiones de Tucumán.

El mensaje destaca que, con la creación del Ministerio de Obras y Servicios Públicos mediante la Ley 9.517 de 2022, y su posterior reestructuración como Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 813/2025, ese organismo quedó facultado para coordinar obras y acciones destinadas a la protección civil frente a eventos de origen humano o natural.

Asimismo, se recuerda que, según la modificación introducida por la Ley 9.646, la disposición de fondos vinculados a la emergencia debe realizarse mediante resolución de la Secretaría de Obras Públicas, con autorización ministerial.

En esta línea, el Ejecutivo solicita crear una partida específica para emergencias dentro del Servicio Administrativo Financiero del Ministerio, con el fin de “atender en forma pronta y efectiva las circunstancias que hubieren motivado la declaración del estado de emergencia”.

Objetivos oficiales

Tanto para seguridad como para las áreas hídrica y social, el Poder Ejecutivo plantea que las prórrogas permitirán:

1. Sostener y profundizar las acciones de gobierno en contextos considerados críticos.

2. Agilizar procedimientos administrativos y el uso de fondos específicos.

3. Ampliar infraestructura penitenciaria y policial.

4. Fortalecer los recursos humanos de las fuerzas de seguridad.

5. Garantizar una respuesta rápida ante contingencias climáticas y sociales.

Las iniciativas serán analizadas por la Legislatura en la próxima sesión, en un escenario en el que las emergencias —renovadas periódicamente desde hace más de una década— forman parte ya de la arquitectura habitual de la administración pública provincial.