El Gobierno prepara una megasesión para salvar el DNU 70/2023 y frenar a la oposición

El Gobierno de la Nación impulsa una sesión en la Cámara de Diputados, para el próximo 21 de octubre, con el objetivo de frenar el avance de los bloques opositores, que buscan rechazar el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, una de las principales herramientas de desregulación económica, impulsadas por el Presidente.

La estrategia combina un marcha atrás en la desregulación de la venta de tierras a extranjeros, con proyectos sobre discapacidad, endeudamiento familiar y la soberanía de las Islas Malvinas.

La iniciativa llega después de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que restableció provisoriamente las restricciones de la Ley de Tierras. 

La resolución favorece al oficialismo, que intenta evitar la caída del megadecreto, sin asumir el costo político de sostener la eliminación de esos límites. La oposición, sin embargo, mantiene la sesión convocada para el jueves 15 de octubre. 

El fallo de la CSJN

La disputa se aceleró después de dos decisiones judiciales de signo diferente. Primero, la CSJN rechazó por falta de legitimación un planteo del Centro de Ex Combatientes de las Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, lo que permitió que recuperara vigencia el artículo 154 del DNU, que derogaba la Ley de Tierras. 

Diez días después, el tribunal dictó una cautelar interina en una causa impulsada por la asociación ambientalista Árbol de Pie y suspendió nuevamente los efectos del artículo hasta que el juez competente examine el planteo. Así quedaron restablecidas provisoriamente las restricciones de la Ley 26.737, que establece un límite del 15% a la titularidad extranjera de tierras rurales. 

El giro judicial debilitó uno de los principales argumentos para convocar a la sesión opositora. Según cálculos de legisladores que participan de las negociaciones, los bloques impulsores reunirían alrededor de 115 diputados, 14 menos que los 129 necesarios para alcanzar el quórum. 

El problema es que el DNU 70/2023 debe aprobarse o rechazarse en su totalidad. Esa característica genera resistencias entre legisladores provinciales y aliados del Gobierno que rechazan la liberalización de la propiedad rural, pero tampoco quieren hacer caer el resto del decreto.

Sobre la Ley de Tierras

Para contener esas diferencias, La Libertad Avanza convocó para el 14 de octubre a un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General. Allí comenzará el tratamiento del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que cuenta con media sanción del Senado de la Nación. 

La intención oficialista es incorporar un capítulo que preserve los límites a la compra de tierras por extranjeros y deje sin efecto la derogación dispuesta por el artículo 154. 

El cambio representa una concesión: el Gobierno había propuesto eliminar el tope del 15% y luego evaluó elevarlo al 25%, pero ninguna alternativa consiguió los apoyos necesarios. La marcha atrás provocó cuestionamientos opositores. 

El diputado Pablo Juliano, de Provincias Unidas, reclamó en X: "La protección de nuestra tierra no puede depender de cuánto dure una medida judicial. El 15 tenemos que sesionar y rechazar el DNU 70/23".

También el diputado Esteban Paulón cuestionó el nuevo fallo de la CSJN y atribuyó el cambio de criterio judicial al rechazo social y al escenario de una posible derrota parlamentaria del decreto.