Revés judicial para Raquel Graneros: sobreseyeron a las vecinas que denunció tras una protesta por las inundaciones

La Justicia tucumana dispuso el sobreseimiento definitivo de las vecinas de la ciudad de Graneros que habían sido denunciadas penalmente por la intendenta Raquel Graneros, luego de protagonizar una protesta para reclamar asistencia social por las graves inundaciones que afectaron a esa localidad del sur provincial.

La resolución representa un revés judicial para la jefa municipal y pone fin a la causa penal iniciada contra diez mujeres de esa ciudad, entre estas Margarita Díaz, Fátima Cardoso, Lorena Figueroa y Zulema Hernández, quienes habían sido acusadas de protagonizar un episodio de amenazas e intimidaciones cuando intentaron acercarse a la funcionaria para entregarle un petitorio.

Según pudo saber Tendencia de Noticias, la decisión fue adoptada por el juez Enrique Martín Cacici, integrante del Colegio de Jueces Penales del Centro Judicial Concepción, durante una audiencia oral realizada este martes, en la que dio a conocer su resolución.

El magistrado consideró que no se habían reunido elementos probatorios suficientes para acreditar los delitos atribuidos a las mujeres ni establecer sus responsabilidades penales. Además, se había agotado el período previsto para incorporar nuevas pruebas al expediente, por lo que resolvió dictar el sobreseimiento definitivo de las imputadas.

Las vecinas estuvieron representadas por el abogado Juan Pablo Molinuevo, mientras que la querella, impulsada por la intendenta, contó con la intervención de la abogada Paula Morales Soria.

Las cámaras de seguridad y las contradicciones de la denuncia

El conflicto se había originado el pasado 28 de abril, cuando un grupo de vecinas intentó acercarse a Raquel Graneros a la salida de una misa celebrada en la Iglesia Inmaculada Concepción de esa ciudad.

Las mujeres buscaban entregarle un petitorio para solicitar asistencia social destinada a familias afectadas por las inundaciones. Sin embargo, el episodio derivó en una denuncia penal presentada por la intendenta, quien sostuvo que había sido víctima de amenazas y agresiones.

Según la versión de la jefa municipal, unas diez mujeres se le habían abalanzado cuando salía del templo, habían provocado daños en la camioneta de su hermano y la habían amenazado de muerte, incluso con prender fuego su vivienda.

La denuncia también fue respaldada por su madre, la legisladora provincial Alejandra Cejas, y dio lugar a imputaciones por presuntas amenazas, intimidaciones y daños, además de restricciones judiciales que debieron afrontar las vecinas involucradas, quienes fueron imputadas con formulación de cargos en una audiencia realizada el 2 de junio.

No obstante, las imágenes registradas por las cámaras del Centro de Monitoreo municipal ofrecieron una reconstrucción diferente de lo ocurrido.

De acuerdo con el análisis de esos registros, el contacto entre las mujeres y la intendenta duró aproximadamente 10 segundos. Las imágenes mostraron que Graneros abordó el vehículo sin detenerse a recibir el petitorio, mientras que los efectivos policiales intervinieron rápidamente, en un lapso de apenas tres segundos.

Tampoco se observaron en las grabaciones agresiones físicas ni golpes contra la camioneta, como se había señalado en la denuncia.

Otro de los aspectos relevantes fue el tiempo durante el cual permaneció el vehículo en el lugar. Las cámaras registraron una permanencia inferior a los 30 segundos, en contraste con la versión que sostenía que las funcionarias habían estado retenidas durante aproximadamente diez minutos.

Estos elementos resultaron relevantes para cuestionar el relato inicial y evaluar la consistencia de las acusaciones formuladas contra las manifestantes.

Una denuncia que terminó sin pruebas suficientes

Durante la investigación, la querella presentó testimonios de vecinos y registros de cámaras de seguridad con el propósito de respaldar la denuncia de la intendenta.

Sin embargo, esos elementos no resultaron suficientes para acreditar los hechos delictivos atribuidos a las cuatro mujeres.

Según la información a la que accedió Tendencia de Noticias, en la audiencia de este martes se estableció que la prueba incorporada al expediente no permitía sostener la imputación ni atribuir responsabilidad penal a las acusadas.

Ante la ausencia de elementos suficientes y una vez agotada la instancia de incorporación de pruebas, el juez Cacici resolvió cerrar definitivamente la causa respecto de las cuatro vecinas.

Causa paralela

El sobreseimiento de las vecinas se conoce mientras Raquel Graneros afronta otra denuncia penal, esta vez por presunto enriquecimiento ilícito. La presentación fue realizada el 9 de junio por el legislador Manuel Courel, el concejal de Simoca Luis Escobar y el dirigente Luis Díaz Augier, quienes solicitaron investigar la supuesta adquisición de una propiedad valuada en más de un millón de dólares en el exclusivo country Las Yungas, de Yerba Buena.

Según los denunciantes, la operación habría sido concretada en efectivo, por lo que reclamaron que se esclarezca el origen de los fondos. La investigación también generó cuestionamientos de parte de los denunciantes por sus demoras y por la falta de información pública sobre sus avances.

El legislador Courel denunció un presunto "manto de impunidad" que envuelve la causa. Courel sostuvo que no ha habido avances reales y que todo apunta a una protección deliberada hacia la intendenta. "La realidad es que la causa no avanzó absolutamente nada. Ahí queda claro lo que es este sistema de impunidad que está cubriendo esta causa y a todo el sistema político de Tucumán", expresó.

Hasta el momento, no se conoce una resolución judicial definitiva sobre las acusaciones contra la intendenta.