Tras una nueva sentencia en contra, insisten con el pedido de remoción del legislador José Orellana

Los días de José “Mellizo” Orellana ocupando una banca en la Legislatura provincial estarían contados. La semana pasada, la Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal Correccional rechazó un recurso extraordinario que había presentado la defensa del parlamentario peronista, quien fue condenado en primera y segunda instancia a tres años de prisión condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en una causa por abuso sexual.

Tras la confirmación de este tercer fallo judicial en contra de Orellana, a quien solo le queda recurrir en queja ante la Corte Suprema de la Nación, este lunes ingresó por Mesa de Entrada de la Legislatura un nuevo pedido para que sea expulsado del cuerpo por inhabilidad moral.

El planteo fue formulado por el abogado Gustavo Morales, quien ejerce la defensa de la jueza María Carolina Ballesteros en el proceso de destitución que se sustancia en la Legislatura y en el cual Orellana, como miembro de la Comisión de Juicio Político, ejerce el rol de acusador.

En su escrito, dirigido al presidente de la Legislatura, Miguel Acevedo, Morales puso en conocimiento del Parlamento que “la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal (Sala III), en fecha 17 de diciembre de 2024, por unanimidad, resuelve declarar inadmisible el recurso extraordinario federal deducido por la defensa” de Orellana.

A continuación, el denunciante recordó que el artículo 285 del Código Procesa Civil y Comercial de la Nación sostiene que “mientras la Corte no haga lugar a la queja, no se suspenderá el curso del proceso”. Por esta razón, Morales señaló que la Legislatura ya tendría que haber aplicado la sanción contra Orellana teniendo en cuenta el fallo de primera instancia, con fecha del 16 de diciembre de 2022, mediante el cual se impuso una inhabilitación perpetua en su contra para ejercer cargos públicos.

Con esos argumentos, el abogado de la jueza Ballesteros le solicitó al presidente de la Legislatura que de “estricto cumplimiento con la ejecución de la pena de inhabilitación especial y perpetua para ejercer cargos públicos al todavía legislador José Fernando Orellana, bajo apercibimiento de incurrir en los delitos de encubrimiento agravado, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y fraude en perjuicio de la administración pública”.

Además, Morales pidió a la Cámara que “proceda con habilitación de día y hora, a poner en marcha el mecanismo de remoción por la causal de inhabilidad moral en contra del condenado José Fernando Orellana, en los términos previstos en el artículo 58 -primer párrafo- de la Constitución de la Provincia de Tucumán, también bajo apercibimiento de incurrir en la comisión de los delitos supra señalados”.

Morales ya había solicitado la remoción de Orellana a principios de diciembre, cuando recordó a las autoridades de la Legislatura que en agosto de 2024 la Cámara de Casación Penal dejó firme el fallo en primera instancia en contra del legislador y exintendente de Famaillá por el delito de abuso sexual simple.

Sin embargo, el Poder Legislativo todavía no emitió ninguna resolución sobre este asunto, ni a favor ni en contra del planteo.

En la presentación realizada este lunes, Morales aportó fotocopias simples de las tres sentencias de fondo en contra de Orellana en la causa por abuso sexual, con fechas del 16 de diciembre de 2022, el 22 de agosto de 2024 y el último 18 de diciembre.

En el escrito dirigido a Acevedo, el abogado pidió “la urgente remoción del condenado José Fernando Orellana” debido a que “su permanencia en la Legislatura la degrada desde el punto de vista institucional, coadyuva al descreimiento del pueblo en sus representantes -vulgares delincuentes que utilizan a la Legislatura como guarida- y lo convierten a Ud. como presidente de la Legislatura en un diletante, un pusilánime o un encubridor”.

La causa

La causa contra Orellana se inició en 2016, cuando éste se desempeñaba como diputado de la Nación y fue denunciado por una empleada del Congreso, que lo acusó de haberla manoseado y abusado el 11 de noviembre de ese año en el interior de su despacho.

La víctima de abuso, una exasesora de la entonces diputada socialista Gabriela Troiano, cuyo despacho estaba pegado al de Orellana, dijo que un día se acercó hasta su oficina para informarle que había gente que quería verlo en la puerta.  Según declaró, el entonces diputado tucumano abusó sexualmente de ella -con manoseos, acercamientos corporales, comentarios y besos que ella no consintió- mientras estaban solos. “Seguro que nadie te besó así, ¿no?”, contó ella que le dijo mientras le daba besos en la oreja izquierda, ante lo cual la víctima se soltó y luego de decirle “no, claramente no”, se retiró del lugar. La trabajadora tenía en ese entonces 22 años.

La investigación del delito se inició días después de esos hechos y, tras varias dilaciones en la instrucción, la Sala IV de la Cámara de apelaciones del fuero penal tuvo le dio impulso al juicio oral. Así, el 16 de diciembre de 2022 Orellana fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 28 de la Capital Federa a cumplir una pena de tres años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por el delito de abuso sexual simple.

El exintendente de Famaillá apeló esa sentencia ante la Cámara de Casación, que en agosto de 2024 rechazó su planteo y dejó firme el fallo condenatorio de primera instancia. Orellana presentó un recurso extraordinario en contra de esa decisión para que el expediente sea analizado por la Corte Suprema, pero Casación lo rechazó por inadmisible.

La única instancia de apelación que le queda a Orellana es recurrir en queja directamente ante la Corte Suprema, aunque difícilmente el trámite prospere.

Por lo pronto, en la Legislatura se especula con la posibilidad de que Orellana renuncie voluntariamente a su banca antes de que se accione un proceso formal de remoción en su contra.