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El edil Mauricio Argiró sufrió un revés en su denuncia contra el influencer libertario Leonel Alderete.
El concejal de Yerba Buena Dante Mauricio Argiró (Cambia Tucumán) sufrió un revés judicial en la causa que inició contra Leonel Alderete, un joven vinculado al espacio libertario, por la difusión de publicaciones en redes sociales relacionadas con un presunto conflicto entre el edil y trabajadores de reparto de PedidosYa.
El Juzgado Civil y Comercial Común de la VI Nominación de Tucumán, a cargo del juez Ramón Agustín Vidal, rechazó la acción de tutela autosatisfactiva promovida por Argiró y dispuso que el concejal afronte las costas del proceso, al considerar que las manifestaciones cuestionadas estaban protegidas por el derecho constitucional a la libertad de expresión.
La sentencia, dictada el 11 de noviembre y a la que accedió Tendencia de Noticias, puso el foco en el carácter público de la información difundida y en las expresiones utilizadas por Alderete, quien había compartido un video sobre un audio que circulaba previamente en las redes sociales.
El conflicto comenzó en septiembre, cuando Alderete publicó en sus cuentas de TikTok, Instagram y Facebook un video en el que hacía referencia a un supuesto audio que involucraba a Argiró con trabajadores de reparto de PedidosYa en Yerba Buena.
"Escándalo en Yerba Buena. Se filtró un audio en donde el concejal Argiró presuntamente amenaza a los cadetes de PedidosYa", expresó el joven en la publicación cuestionada. Luego reprodujo el material que había sido difundido anteriormente por el medio digital Tucumán Digital y cerró su intervención con una pregunta dirigida a sus seguidores: "¿Y qué opinan ustedes al respecto?".
Argiró consideró que esas manifestaciones constituían acusaciones falsas que afectaban su honor y su imagen pública. En su presentación judicial, realizada el 1 de octubre, sostuvo que nunca había amenazado a trabajadores de reparto ni mantenido acuerdos ilegítimos para permitirles desarrollar sus actividades.
También negó que su voz apareciera en el audio difundido y argumentó que las publicaciones perjudicaban su reputación y la investidura institucional que ejerce como integrante del Concejo Deliberante de Yerba Buena.
A partir de esos planteos, solicitó que la Justicia ordenara a Alderete eliminar inmediatamente las publicaciones, abstenerse de reiterar las imputaciones, retractarse de manera pública y expresa, y difundir disculpas en las mismas plataformas.
La defensa de Alderete y los argumentos del juez
Durante la audiencia celebrada el 10 de noviembre, Alderete reconoció haber realizado las publicaciones, pero rechazó que hubiera formulado acusaciones categóricas contra el concejal.
A través de su abogada, Sofía Rondón, explicó que el contenido provenía de una publicación realizada el 18 de septiembre por el portal Tucumán Digital y que había decidido compartirlo por tratarse de un asunto de interés público.
Su defensa sostuvo que la utilización del término "presuntamente" demostraba que no había presentado las acusaciones como hechos comprobados. También argumentó que la controversia estaba relacionada con la actuación de un funcionario público y, por lo tanto, formaba parte del debate ciudadano.
Al analizar el caso, el juez Vidal consideró que correspondía ponderar dos derechos constitucionales: el derecho al honor invocado por Argiró y la libertad de expresión ejercida por Alderete.
El magistrado señaló que las publicaciones hacían referencia a una cuestión vinculada con la actividad pública del concejal y que el contenido ya había sido difundido por otro medio digital antes de que Alderete lo compartiera.
Uno de los aspectos determinantes de la resolución fue el uso de expresiones que no daban por comprobadas las presuntas irregularidades. "El término 'presuntamente', vale aclarar, cobra una relevancia trascendental en este juzgamiento por cuanto le atribuye a sus manifestaciones un valor hipotético o potencial", sostuvo Vidal.
El juez también tuvo en cuenta que Alderete no había afirmado que el contenido del audio fuera verdadero y que las manifestaciones estaban relacionadas con un asunto de interés público.
El fallo remarcó que los funcionarios están expuestos a un mayor escrutinio público
La sentencia dedicó parte de sus fundamentos a analizar los límites de la libertad de expresión cuando las publicaciones involucran a dirigentes políticos.
Para ello, Vidal recurrió a jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reconoce un margen más amplio para el debate y la crítica sobre quienes ejercen funciones públicas.
En particular, citó un precedente de la Corte Interamericana que establece que "en una sociedad democrática los funcionarios públicos están más expuestos al escrutinio y a la crítica del público".
El magistrado recordó que esa mayor exposición responde al carácter público de las actividades que desarrollan los funcionarios y al interés de la ciudadanía en conocer y debatir sus actuaciones.
También señaló que, cuando se difunde información sobre funcionarios públicos o asuntos de interés general, la aplicación de la doctrina de la real malicia exige acreditar determinados presupuestos vinculados con el conocimiento de la falsedad de la información y la intención de quien la difundió.
Según la sentencia, esos extremos no fueron acreditados durante el proceso.
A partir de ese análisis, Vidal concluyó que las publicaciones de Alderete debían quedar protegidas por la libertad de expresión. "Todo lo señalado me lleva a concluir que en el juicio de ponderación al que este caso me ha convocado, debe primar el derecho a la libre expresión de Leonel Alderete", expresó el juez.
Y agregó: "En concreto, juzgo en este expediente que lo expuesto por el demandado en sus publicaciones fue realizado en forma potencial, sin aseverar que el contenido del audio que reprodujo fuera veraz".
El magistrado consideró, además, que las publicaciones constituían un ejercicio regular de la libertad de expresión, un derecho que calificó como primordial para el funcionamiento de un Estado democrático.
Argiró deberá afrontar las costas del proceso
La resolución también examinó la vía judicial elegida por el concejal. Argiró había presentado una tutela autosatisfactiva, un procedimiento excepcional destinado a obtener una respuesta urgente cuando se cumplen determinados requisitos legales.
El juez explicó que este tipo de acciones requiere una necesidad de intervención inmediata, suficiente evidencia del derecho invocado y una controversia que pueda resolverse sin una producción compleja de pruebas.
Tras evaluar las circunstancias del expediente y los derechos involucrados, resolvió rechazar la demanda en su totalidad. "RECHAZAR, por lo considerado, a la acción de tutela autosatisfactiva interpuesta por Dante Mauricio Argiró", estableció la parte resolutiva de la sentencia.
Además, impuso las costas al concejal por resultar vencido y reguló honorarios profesionales de $730.000 para cada una de las abogadas intervinientes, Stefanía Daiana Sleiman, patrocinante de Argiró, y Sofía Rondón, representante de Alderete.