Tierras sin dueño: más de 54.000 hectáreas de Tucumán no tienen gobierno

En el mapa oficial de Tucumán todo parece estar en orden: departamentos, municipios, límites trazados con precisión. Pero debajo de esa cartografía prolija existe un problema silencioso que se arrastra desde el siglo pasado: más de 54.000 hectáreas -equivalentes a 543 kilómetros cuadrados- no pertenecen a ninguna jurisdicción municipal. Son territorios que, en términos administrativos, no tienen gobierno local. Nadie los rige. Nadie responde formalmente por ellos.

El fenómeno, estudiado por la doctora Ana Isabel Rivas, investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), tiene un nombre técnico: territorios sin jurisdicción. Pero su impacto es bien concreto para las personas que los habitan.

Las áreas identificadas se distribuyen en seis zonas del territorio provincial. La más extensa es La Cocha, en el sur tucumano, con 21.019 hectáreas ubicadas al sudoeste del departamento, en las cercanías de la localidad de Casas Viejas. Le sigue Juan Bautista Alberdi, que presenta dos sectores diferenciados: uno al oeste del municipio-con 18.543 hectáreas, referenciado en la localidad de La Calera- y otro al este, de 1.988 hectáreas, próximo a Los Alamitos. En conjunto, este departamento concentra más de 20.500 hectáreas sin jurisdicción definida.

El departamento Lules suma 6.826 hectáreas al oeste de su municipio, en una franja que incluye la quebrada de Lules, Las Moreras, La Tipas y la Sierra de Yerba Huasi. Río Chico aporta 3.360 hectáreas al este de la Ruta Nacional 38, en continuidad con el territorio municipal de Aguilares. Cierra el mapa Graneros, con 2.533 hectáreas en el sudoeste del departamento, lindando con La Cocha.

En total: 54.270 hectáreas que el último censo nacional de población y vivienda registró bajo la categoría "cantidad de población en territorio sin gobierno local".

Que existan límites trazados sobre un papel no significa que esos límites sean vividos por quienes habitan esos territorios. El problema, explica Rivas en su investigación, no es geográfico sino político-administrativo. Estos espacios intersticiales surgieron de los sucesivos cambios en la división política de Tucumán durante el siglo XX: cada vez que se modificaron los límites provinciales o municipales, quedaron franjas que ninguna jurisdicción terminó de absorber. Con el tiempo, esas franjas se consolidaron como zonas grises.

Sus habitantes existen para el censo -están contados- pero no tienen un municipio que les brinde servicios básicos, que gestione sus reclamos o que aplique políticas públicas de manera directa. El catastro provincial los tiene registrados y cartografiados, pero la administración cotidiana queda en el vacío. Es, en definitiva, una forma de invisibilidad institucional.

El tema llegó esta semana a la Legislatura provincial. El vicegobernador Miguel Acevedo recibió a representantes del Grupo de Estudios Rurales de Tucumán (GERTuc), encabezados por la propia Rivas, junto a los legisladores Carlos Galia y Silvia Elías de Pérez.

"Existen más de 54 mil hectáreas en Tucumán que hoy no tienen una jurisdicción asignada. Esto afecta principalmente a zonas de Río Chico, La Cocha, Lules, Graneros y Juan Bautista Alberdi, donde hay población asentada y actividades productivas, pero sin una delimitación administrativa clara", señaló Galia durante el encuentro.

La propuesta concreta es conformar una comisión de trabajo conjunta entre la Legislatura y la UNT para realizar relevamientos territoriales, actualizar la cartografía y establecer límites precisos que permitan incorporar esas zonas a alguna jurisdicción municipal. "El objetivo es brindar un orden administrativo que permita mejorar la atención y las respuestas a las comunidades que viven en esos territorios", afirmó el legislador.

La reunión también sirvió para articular el apoyo institucional al V Seminario Internacional "Territorio y Ruralidad en el Semiárido del NOA", que se realizará del 3 al 5 de junio en San Pedro de Colalao con participación de académicos de Brasil, autoridades locales y representantes de comunidades de pueblos originarios.

Lo que distingue este caso de otros debates sobre límites territoriales es que no hay disputa entre municipios: no es que dos jurisdicciones se peleen por esas tierras. Simplemente, nadie las reclamó. El vacío no es producto de un conflicto, sino de una omisión histórica que se perpetuó por décadas.

Para Rivas, la universidad tiene un rol clave en la solución: aportar el análisis técnico que permita trazar límites precisos y sustentados. Para los legisladores, el desafío es traducir ese trabajo académico en normativa concreta. Para los habitantes de esas 54.270 hectáreas, la espera ya lleva décadas.