
En la Casa de Gobierno se terminó de confirmar en las últimas horas un movimiento que desde hacía meses circulaba en voz baja por los pasillos oficiales: el gobernador Osvaldo Jaldo aceptó las renuncias del secretario de Derechos Humanos y Justicia, Mario Racedo, y del subsecretario del área, Pablo Vega Coronel.
La posibilidad de una salida conjunta se venía barajando desde fines del año pasado, en medio de versiones sobre una reconfiguración del gabinete provincial y de discusiones internas sobre el rumbo de algunas áreas sensibles de la administración. Sin embargo, recién ahora se formalizó la desvinculación de ambos funcionarios.
Por el momento, el Ejecutivo no informó quiénes ocuparán esos cargos. La vacancia abre un compás de espera en un área con fuerte peso institucional y simbólico, especialmente en una provincia donde los debates sobre memoria histórica mantienen vigencia política y social.
La novedad provocó una rápida reacción de los organismos de Derechos Humanos de Tucumán, que difundieron un documento público en respaldo a los funcionarios salientes y en defensa de las políticas desarrolladas durante su gestión.
En el comunicado, las organizaciones señalaron que, más allá de no poder incidir en decisiones administrativas, consideran necesario “reconocer” el trabajo realizado por Racedo y Vega Coronel. En especial, destacaron las acciones impulsadas en el marco de los 50 años de dos fechas centrales de la historia reciente tucumana y argentina: el Operativo Independencia de 1975 y el golpe de Estado de 1976.
Según remarcaron, desde la Secretaría se promovieron actividades orientadas a profundizar el eje del “Nunca Más” frente al accionar cívico-militar contra las instituciones democráticas, una línea de trabajo que calificaron como “altamente apreciada por la sociedad tucumana”.
También hubo un mensaje directo hacia el Gobierno provincial sobre la transición que se abre. Los organismos reclamaron que los futuros reemplazantes garanticen continuidad a una serie de iniciativas ya iniciadas y consideradas estratégicas.E
ntre ellas enumeraron la preservación del Sitio de Memoria Arsenal Miguel de Azcuénaga, el funcionamiento de una comisión mixta para la preservación de la memoria histórica, la transformación del Pozo de Vargas en Espacio de Memoria una vez concluidas las tareas judiciales, la profundización de contenidos de historia reciente en escuelas y colegios, y el sostenimiento de “La Escuelita de Famaillá”, el único Espacio de Memoria en funcionamiento de Tucumán y prácticamente de todo el NOA.El texto cierra con una definición que también opera como advertencia institucional: quienes asuman en la Secretaría deberán comprender “la importancia que tiene para la sociedad argentina en general y la tucumana en particular” sostener el legado de Memoria, Verdad y Justicia.