Reclaman que los vocales del Tribunal de Cuentas no pagan Ganancias desde hace más de dos décadas

Una presentación ingresada ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) volvió a poner bajo la lupa al Tribunal de Cuentas de Tucumán. El escrito sostiene que sus tres vocales —el presidente Miguel Chaiben Terraf, el vocal abogado Sergio Miguel Díaz Ricci y el contador Marcelo Vidal— no pagan Impuesto a las Ganancias desde hace más de 25 años, pese a que la legislación nacional obliga a todos los funcionarios públicos a tributar por sus remuneraciones.

El reclamo fue impulsado por organizaciones civiles y ONG que promueven la transparencia fiscal. Según expresaron en el texto al que accedió Tendencia de Noticias: “no resulta coherente que quienes deben controlar el uso de los recursos públicos no cumplan con obligaciones tributarias básicas”.

De acuerdo con la denuncia, la supuesta omisión se apoya en el Acuerdo N.º 1.171/97, mediante el cual el Tribunal habría interpretado que el pago del impuesto afectaba la “intangibilidad” de sus haberes y su independencia funcional. Esa resolución interna, señalan los denunciantes, extendió por analogía un privilegio reservado a los jueces, sin que exista norma provincial o nacional que lo avale.

El texto destaca que ni la Constitución provincial ni la Ley de Administración Financiera N.º 6.970 contemplan exenciones impositivas para los miembros del Tribunal. “Las exenciones solo pueden surgir de la letra expresa de la ley. La analogía está prohibida en materia tributaria”, afirma el documento.

La presentación recuerda que la discusión sobre el pago de Ganancias por parte de los magistrados se resolvió con la reforma de 2016 a la Ley del Impuesto a las Ganancias, que obligó a todos los jueces y funcionarios designados posteriormente a tributar. Según el escrito, la garantía de intangibilidad nunca implicó una inmunidad tributaria absoluta y no puede extenderse a órganos de control que no ejercen funciones jurisdiccionales.

“Si los jueces pagan Ganancias, no existe argumento válido para que los miembros del Tribunal de Cuentas permanezcan al margen de un impuesto general”, sostiene la denuncia.

El documento advierte que el organismo no habría retenido ni ingresado los montos correspondientes al impuesto desde 1997, lo que podría configurar una omisión de impuestos según el artículo 45 de la Ley 11.683, con sanciones que van del 100% al 200% del tributo omitido.

Los denunciantes subrayan que, al tratarse de funcionarios especializados en materia contable y legal, su deber de diligencia es mayor. “Una exención creada por ellos mismos no puede justificar el incumplimiento”, concluye el texto presentado ante ARCA.