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Patricia Bullrich logró desactivar el reclamo de la senadora nacional por Chubut, Edith Terenzi, quien había planteado la necesidad de establecer una fecha concreta para avanzar con el proyecto de Ficha Limpia, una de las principales banderas del PRO y una iniciativa que también respaldan sectores del radicalismo aliados al Gobierno.
Luego del planteo, la presidente del bloque libertario aseguró que el debate se retomará en septiembre y que la intención del oficialismo es discutir dentro de un mismo proyecto, tanto la implementación de Ficha Limpia como la eliminación de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).
La decisión permitió contener, al menos por el momento, las diferencias entre el Gobierno y sus aliados respecto del orden de prioridades de la reforma política.
En la Casa Rosada sostienen que el eje principal de la reforma continúa siendo la eliminación de las PASO.
El argumento del oficialismo es que las elecciones primarias representan un costo para el Estado al financiar internas partidarias que, según consideran, deberían ser resueltas por las propias fuerzas políticas.
Desde el Gobierno sostienen que los partidos deben recuperar la potestad de definir sus candidaturas sin intervención estatal y plantean modificar el sistema electoral vigente.
Dentro de ese paquete también aparece la propuesta de eliminar el financiamiento público de las campañas electorales, aunque se mantendrían los recursos destinados al funcionamiento institucional de los partidos políticos.
La reforma que impulsa la Casa Rosada no se limita a la discusión sobre las PASO. El proyecto contempla además modificaciones en el régimen jurídico de los partidos políticos, con cambios en los requisitos que deben cumplir para mantener su personería.
Entre las iniciativas bajo análisis también se encuentra una modificación de la cantidad de afiliaciones necesarias para conservar el reconocimiento legal de una fuerza política.
Otro de los puntos que el oficialismo pretende incorporar está relacionado con la participación de ciudadanos extranjeros en las campañas electorales, con nuevas restricciones sobre su intervención y financiamiento.
Además, se prevén cambios vinculados con la elección de representantes argentinos ante el Parlamento del Mercosur (Parlasur).