“No tenemos miedo”: duro pronunciamiento de los Rectores nacionales contra el Gobierno por el conflicto universitario

El conflicto entre el Gobierno nacional y las universidades públicas sumó un nuevo capítulo luego de que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) difundiera un comunicado en respaldo a su presidente, Franco Bertolacci, y en rechazo a las declaraciones del presidente Javier Milei y del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. El pronunciamiento se produjo días después de la cuarta marcha federal universitaria, convocada en defensa del financiamiento del sistema de educación superior.

En el documento, las autoridades universitarias manifestaron: “Las rectoras y los rectores de las universidades públicas nacionales rechazamos y repudiamos los ataques y agresiones infundadas provenientes del Presidente de la Nación y del subsecretario de Políticas Universitarias contra el sistema universitario argentino y sus autoridades”.

La respuesta del CIN se dio luego de las críticas formuladas por Álvarez, quien sostuvo que las universidades fueron “colonizadas” por la política y afirmó: “A ustedes les ofende la verdad, los datos”.

Frente a esas declaraciones, el organismo que reúne a más de 70 universidades nacionales sostuvo: “No estamos dispuestos a aceptar pasiva ni gratuitamente que se acuse de delincuente al presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y, en él, a todos quienes integramos el sistema universitario, por el solo hecho de cumplir con nuestra responsabilidad institucional”.

Además, remarcaron que el reclamo por los fondos universitarios responde al pedido de cumplimiento de la legislación vigente. “Nuestra obligación, en tanto autoridades públicas, es reclamar, exigir y defender el cumplimiento de la ley, la Constitución y de los derechos que de ellas emanan”, indicaron.

En otro tramo del comunicado, el CIN advirtió sobre el impacto institucional del conflicto: “No estamos frente a una discusión personal ni ante una disputa menor. Estamos frente a un intento sistemático de desacreditar institucionalmente a quienes ejercemos legítimamente la defensa de la universidad pública, gratuita y federal”.

También cuestionaron el tono del debate político y señalaron: “Cuando un gobierno reemplaza el debate democrático por el insulto, la descalificación y la estigmatización, lo que está en juego no es una política pública solamente, es la propia calidad de la convivencia democrática”.

Desprestigio

Las autoridades universitarias insistieron en que el reclamo se basa en una ley aprobada por el Congreso y respaldada judicialmente. “No vamos a aceptar que se pretenda instalar como sentido común que reclamar el cumplimiento de una ley aprobada por el Congreso de la Nación constituye un acto delictivo”, afirmaron.

En ese sentido, agregaron: “Estos avasallamientos se fortalecen sobre el miedo, el silencio y la intimidación. Y no tenemos miedo”.

Tras la movilización universitaria realizada esta semana, Bertolacci, quien además es rector de la Universidad Nacional de Rosario, participó de un debate televisivo en el que cuestionó la situación presupuestaria del sector. “Hoy está en riesgo la capacidad del sistema universitario público si no aparecen respuestas”, expresó.

El dirigente universitario también sostuvo: “Son todo el tiempo frases hechas que intentan desprestigiar el sistema universitario para que eso fundamente el desfinanciamiento”.

Durante ese intercambio, Álvarez defendió la postura del Ejecutivo respecto de la ley de financiamiento universitario y afirmó: “Les avisamos que esa ley nacía muerta”. Bertolacci respondió que la norma había sido debatida en un contexto en el que no existía presupuesto nacional aprobado.

En el cierre del documento, el CIN reclamó una definición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el conflicto y ratificó su postura en defensa del sistema universitario público.

“La universidad pública argentina no va a retroceder frente a la agresión, la intimidación ni la descalificación. Vamos a seguir defendiendo, con firmeza y responsabilidad, el derecho social a la educación superior, la producción científica y tecnológica y el carácter democrático, plural y federal de nuestras universidades”, concluyeron los rectores.