Municipales del interior llevaron a Jaldo y a la Legislatura reclamos por salarios, endeudamientos y transporte

El Frente de Gremios Estatales y Municipales de Tucumán, integrado por organizaciones que representan a trabajadores municipales del interior, formalizó este viernes una serie de planteos ante el gobernador Osvaldo Jaldo y la Legislatura provincial, vinculados con la actualización de los salarios, el costo de las tarifas eléctricas y los aumentos del boleto del transporte interurbano.

Las presentaciones llevan las firmas de Luis Enzo Alarcón, secretario general del SOEM de Simoca; Alfredo Giménez, titular del SOEM de Monteros; y Vicente Salvador Ruiz, secretario general del SOEM de Aguilares.

Uno de los escritos fue presentado este viernes 28 de agosto ante la Mesa de Entradas de la Gobernación y está dirigido a Jaldo. Allí, los gremios solicitaron que con los haberes de septiembre se apliquen los incrementos correspondientes a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional de junio, julio y agosto, además de un porcentaje que consideran pendiente de la anterior actualización.

En concreto, reclamaron que a esos índices se sume un 3,35% que, según sostienen, debía haberse incorporado con los haberes de junio, cuando se otorgó un incremento del 4,98%.

Los sindicalistas justificaron el planteo en la pérdida de poder adquisitivo y trazaron un duro diagnóstico sobre la economía de los empleados públicos. En la nota advirtieron sobre la “situación desesperante de los trabajadores estatales en general, por los bajos salarios que perciben” y afirmaron que muchos están “quedando en la línea de la indigencia” y no logran cubrir sus necesidades básicas.

Según expusieron, esa situación llevó a numerosos empleados a recurrir a “préstamos en bancos y financieras como billeteras virtuales” para afrontar gastos esenciales, entre ellos alimentación y salud.

El planteo se produce después del acuerdo salarial que el Frente había firmado en marzo con el Gobierno provincial, cuando se estableció un incremento del 11% y se acordaron otras mejoras para los trabajadores.

Un pedido a Jaldo por las deudas con el Banco Macro

La presentación incorpora además un reclamo particular relacionado con el nivel de endeudamiento. Los gremios pidieron al gobernador que intervenga ante las autoridades del Banco Macro para gestionar una línea especial de créditos destinada a cancelar préstamos y deudas con tarjetas.

En ese punto, aseguraron que las obligaciones financieras llegan a absorber prácticamente todos los ingresos de algunos trabajadores y sostuvieron que “en esta situación se encuentran un 80% del personal estatal y municipal”.

La propuesta consiste en habilitar préstamos cancelatorios que permitan reorganizar esas deudas y establecer una afectación menor de los ingresos mensuales, de manera que los empleados puedan disponer de parte de sus salarios “para cubrir gastos de alimentación, salud y pago de servicios esenciales como la luz, gas y el transporte”, según señalaron.

Reclamo a Acevedo para eliminar el 1,5% destinado al ERSEPT

En paralelo, Alarcón, Giménez y Ruiz realizaron dos presentaciones ante la Legislatura, dirigidas al vicegobernador y presidente del cuerpo, Miguel Acevedo. Una de ellas apunta directamente al costo de las facturas de electricidad.

Los gremios solicitaron la eliminación de la Tasa de Inspección y Control del 1,5% que pagan los usuarios en la factura de EDET y que tiene como destino el ERSEPT, contemplada en el artículo 60 de la Ley 6.608.

La presentación llega, además, en momentos en que el organismo regulador volvió a quedar en el centro del debate político: este jueves, la Legislatura ratificó el decreto del Poder Ejecutivo que designó a Eduardo Cobos como interventor del ERSEPT.

Para justificar el pedido, los representantes sindicales argumentaron que los trabajadores estatales y municipales vienen soportando fuertes aumentos del servicio eléctrico y aseguraron que el gasto en energía “ya supera con crece el 60% del sueldo que perciben”.

También cuestionaron el funcionamiento del organismo de control. Según expresaron, el propósito de esa tasa no estaría cumpliéndose debido a la “falta de inspección y control de las instalaciones”. En particular, plantearon que en localidades del interior existen tendidos deficientes y problemas de tensión que dificultan el normal uso de electrodomésticos.

Por ese motivo, consideraron que “un organismo de control no puede permanecer en el tiempo cobrando un canon que se toma de acuerdo a lo facturado al usuario”.

Quejas por el aumento del transporte

El tercer planteo ingresado a la Legislatura apunta al sistema de transporte público de pasajeros. Los gremios solicitaron modificar la Ley provincial 6.210 para crear un instituto o consejo consultivo vinculante que intervenga en las discusiones sobre las tarifas del transporte interurbano.

La propuesta contempla la participación de asociaciones de usuarios y consumidores con personería jurídica, además de representantes de los trabajadores estatales y municipales.

El objetivo, señalaron, es que los pasajeros puedan “defender sus intereses, cuando corresponda disponer un incremento en el pasaje” y que las decisiones tarifarias no queden exclusivamente en manos de las autoridades.

El reclamo se da luego de las fuertes subas aplicadas este año al transporte del interior. En julio, una actualización dispuesta por la Dirección General de Transporte llevó, por ejemplo, el pasaje a Concepción a $7.200, a Aguilares a $8.700, a Monteros a $5.600 y a Simoca a $7.200, según los valores difundidos entonces.

En su presentación, los gremios cuestionaron lo que definieron como una “decisión unilateral” de la autoridad de aplicación y remarcaron que la realidad de los servicios interurbanos es diferente a la del transporte urbano de San Miguel de Tucumán.

Entre otros aspectos, hicieron referencia a las condiciones de las rutas y caminos, las distancias que deben recorrer las unidades y la forma en que se presta el servicio. Incluso advirtieron que, en numerosos casos, “el pasajero tiene que verse obligado a viajar parado en todo su trayecto para llegar a destino”.

Por eso, Alarcón, Giménez y Ruiz consideraron necesario incorporar formalmente la representación de los usuarios en las discusiones tarifarias, al remarcar que el transporte público de pasajeros constituye “un servicio esencial”.