La Ciudad aprobó el traspaso de la Justicia Laboral y los nuevos juicios de trabajadores pasarán al fuero porteño

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó el acuerdo para avanzar con la transferencia de las competencias de la Justicia Laboral desde la órbita nacional al fuero porteño, una modificación que alcanzará a los nuevos juicios individuales entre trabajadores y empleadores.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la iniciativa fue aprobada con 36 votos a favor, dos en contra y 20 abstenciones. El PRO, La Libertad Avanza, el radicalismo y otros bloques aliados acompañaron el proyecto, mientras que la representación del peronismo se abstuvo.

El convenio establece que la Ciudad asumirá la competencia sobre los juicios individuales de trabajo, entre ellos las demandas iniciadas por trabajadores contra empresas por despidos, accidentes laborales e indemnizaciones.

En cambio, los reclamos sindicales y los conflictos laborales de carácter colectivo continuarán bajo la órbita de la Justicia Nacional.

Uno de los objetivos planteados con la reforma es reducir los tiempos de resolución de las causas laborales. De acuerdo con estimaciones provenientes del sector judicial, expedientes que actualmente pueden demorar entre tres y cinco años podrían resolverse en un plazo de un año o menos una vez implementado el nuevo esquema.

La transferencia no afectará a los procesos actualmente en trámite. Los juicios ya iniciados continuarán en los tribunales nacionales hasta que exista una sentencia definitiva, mientras que las nuevas causas alcanzadas por el convenio serán tramitadas ante los juzgados porteños.

El acuerdo también contempla que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad tendrá facultades para revisar las causas correspondientes al derecho local y común.

Por su parte, el Consejo de la Magistratura de la Ciudad fue designado como el organismo responsable de garantizar las condiciones necesarias para el funcionamiento del nuevo esquema judicial.

La aprobación legislativa, sin embargo, no implica la implementación inmediata del traspaso. Para que la transferencia entre en vigencia, el Gobierno nacional y el porteño deberán firmar un segundo acuerdo relacionado con el envío de los recursos presupuestarios necesarios.

Una vez rubricado ese convenio, comenzará a correr un plazo de 180 días para designar a los nuevos jueces, adecuar la infraestructura y poner en funcionamiento el sistema.