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Los abogados con matrícula federal de todo el país votarán este martes para elegir a sus cuatro representantes en el Consejo de la Magistratura de la Nación para el período 2026-2030, en una elección marcada por negociaciones entre sectores políticos y colegios profesionales.
La disputa electoral contará con cuatro listas que buscan obtener representación en el organismo encargado de seleccionar candidatos para cubrir vacantes en los tribunales inferiores, aprobar las ternas que se elevan al Poder Ejecutivo, administrar recursos del Poder Judicial y ejercer facultades disciplinarias sobre los magistrados.
Una de las alternativas es “Unidad en Defensa de la Abogacía”, encabezada por Alberto Biglieri, exintegrante del Consejo de la Magistratura porteño e interventor judicial de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).
La nómina cuenta con el respaldo de más de 45 colegios de abogados de distintas provincias y reúne a sectores del radicalismo y de la dirigencia colegial. También la integran Claudia Sarmiento, Eduardo Bittar y María Jazminka Mihaljevic.
“Tenemos que garantizar que se respete la igualdad de acceso a los cargos de la Magistratura”, sostuvo Bittar, quien planteó la necesidad de modificar el Reglamento de Concursos para que la experiencia profesional de los abogados independientes sea valorada en igualdad de condiciones con las trayectorias desarrolladas dentro del Poder Judicial.
Otra de las listas es “Abogacía por la Libertad”, identificada con La Libertad Avanza, aunque también incorpora sectores independientes. El espacio propone revisar el actual sistema de selección de magistrados.
La nómina está encabezada por Luis Alberto Palomino, concejal de Vicente López, acompañado por Valeria Fredes, exdirigente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Martín Buscemi y Alicia Colazo.
En declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas, Palomino cuestionó los mecanismos vigentes para evaluar a los aspirantes a ocupar cargos judiciales.
El dirigente afirmó que el proceso de selección “no te permite evaluar y seleccionar si el candidato va a ser un buen juez. Lo único que vos haces en este sistema es evaluar el pasado”.
Además, sostuvo que el procedimiento no contempla una instancia que permita determinar si los postulantes cuentan con las habilidades necesarias para desempeñarse como magistrados durante las próximas décadas.
La tercera alternativa es “Abogacía Unida y Dignidad Profesional”, que reúne a dirigentes del interior del país, integrantes de la histórica agrupación porteña Gente de Derecho y referentes vinculados al peronismo.
La lista está encabezada por Demarchi Arballo, titular del Colegio de Abogados de Villa María, seguido por el expresidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF), Jorge Rizzo, Julia Toyos y Andrés Abramovich.
Entre los dirigentes políticos vinculados con esta propuesta aparecen Juan Manuel Olmos, referente del peronismo porteño, y el senador nacional Mariano Recalde, integrante de La Cámpora.
La cuarta lista es “Abogacía Federal”, que postula en primer lugar al abogado platense Fernando Levene, acompañado por Sandra París, el expresidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal Eduardo Awad y Myriam Londero.
El espacio responde a un acuerdo transversal impulsado por el senador Maximiliano Abad y dirigentes universitarios vinculados con el sector.
Con especial atención en distritos como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, las cuatro agrupaciones buscan movilizar a los profesionales habilitados para votar y asegurar su representación en el Consejo de la Magistratura.
El resultado determinará quiénes ocuparán los cuatro lugares correspondientes a la abogacía durante los próximos cuatro años, con participación en las decisiones del organismo y en comisiones estratégicas como las de Selección y Disciplina.