
Por primera vez desde que estalló el escándalo por la auditoría que pidió realizar el gobernador Osvaldo Jaldo en Canal 10 a través del Tribunal de Cuentas (TC) para conocer el manejo de los recursos de la televisora, la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), como socio mayoritario de SAPEM, se expidió al respecto para rechazar las actuaciones.
En una reunión realizada el pasado martes, el Consejo Superior de la UNT dictó una resolución en la que advierte sobre la falta de competencia del Gobierno provincial para exigir una auditoría y del TC para llevarla adelante debido a que Canal 10 es una empresa privada. Por lo tanto, según las autoridades de la casa de altos estudios, la televisora no está sometida a la fiscalización de órganos del Estado, sino que la institución facultada para tales controles es la Sindicatura. A propósito, fuentes de la casa de altos estudios consultadas por TDN aseguraron que "tanto los directores como los síndicos de la provincia aprobaron todos los estados contables".
La resolución, que será comunicada el próximo lunes, fue adoptada luego de que el rector de la UNT, Sergio Pagani, brindara un pormenorizado informe sobre el avance de la auditoría ante los miembros del Consejo Superior.
Fuentes de la casa de altos estudios anticiparon a TDN que “se abordó el asunto en consideración directa, se debatió y se dictó una resolución donde se rechazan las actuaciones del Tribunal de Cuentas debido a que Canal 10 es un órgano nacional sobre el cual no tiene competencia ningún organismo del Estado provincial”.
Por otro lado, las autoridades universitarias recordaron que el Gobierno provincial no pone dinero en Canal 10 de Tucumán. “La SAPEM, si bien tiene participación estatal, es un canal comercial, que vive de lo que vende por publicidad”, remarcaron las fuentes.
La resolución de cinco puntos que firmó el Consejo Superior de la UNT solicita al Gobierno provincial a retomar el diálogo para evaluar el asunto y ordena a los integrantes del directorio del canal que representan a la UNT, Horacio Madkur y Leandro Díaz, que colaboren entregando toda la documentación requerida.
El pasado 3 de octubre, el TC dictó el Acuerdo N° 4333, con la firma de su presidente, Miguel Chaibén Terraf y el conjuez Atilio Peluffo (los vocales Marcelo Vidal y Sergio Díaz Ricci estaban de licencia), en el que advirtió sobre “una conducta omisa en cumplimentar con los requerimientos formulados” en el marco de la auditoría “por parte del Directorio de Televisora de Tucumán Sociedad Anónima”.
El organismo de control advirtió que las demoras por parte de las autoridades de Canal 10 de entregar los balances de los últimos 10 años, entre otra documentación exigida en el marco de la auditoría, implica un incumplimiento con lo normado por el artículo 121 de la Ley N° 6970 (de Administración Financiera).
Por este motivo, el organismo de control intimó al directorio de Canal 10 a que entregue toda la documentación solicitada, a partir de un pedido de auditoría solicitado al TC por el Gobierno de la provincia, que también es socio de la SAPEM. Trascendió que Jaldo decidió avanzar con esta medida por estar en completo desacuerdo con la línea editorial del canal estatal.
Por lo pronto, el consejo superior de la UNT advirtió que ni el TC y ni el Gobierno provincial tienen competencia para auditar el manejo de la televisora.
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