La Provincia ratifica su política de "tolerancia cero" contra las usurpaciones de terrenos fiscales

La condena penal dictada por la Justicia en una causa por la usurpación de tierras fiscales en El Cadillal marcó un punto de inflexión en la política impulsada por el Gobierno de Tucumán para combatir las ocupaciones ilegales de inmuebles provinciales. El fallo, considerado "histórico" por las autoridades, constituye la primera sentencia condenatoria obtenida en el marco de una ofensiva judicial que comenzó hace aproximadamente un año y medio y que ya permitió recuperar más de 1.100 hectáreas.

El caso tuvo como eje la ocupación irregular de terrenos fiscales en una de las zonas de mayor valor ambiental y turístico de la provincia. Desde el Gobierno sostienen que la resolución judicial consolida el criterio de que las usurpaciones de bienes públicos tendrán consecuencias penales, además de las acciones civiles y administrativas que viene promoviendo la Fiscalía de Estado.

Según se informó oficialmente, la estrategia responde a una directiva del gobernador Osvaldo Jaldo, basada en una política de "tolerancia cero" frente a las usurpaciones de tierras fiscales.

El fiscal de Estado adjunto, Raúl Ferrazzano, destacó que la sentencia constituye un precedente para las restantes investigaciones en marcha y remarcó que el objetivo no se limita a la recuperación de inmuebles, sino también a la preservación del patrimonio ambiental.

"Para nosotros es un fallo histórico. Lo que hay que rescatar es la decisión política del gobernador Osvaldo Jaldo de tener tolerancia cero con las usurpaciones de tierras fiscales, caiga quien caiga", sostuvo el funcionario.

Ferrazzano explicó que la Fiscalía de Estado trabaja de manera coordinada con distintas áreas del Poder Ejecutivo, entre ellas Catastro, la Dirección de Medio Ambiente, el Ministerio del Interior y la Policía de Tucumán, combinando acciones judiciales con operativos en el territorio.

El funcionario precisó que, desde el inicio del operativo de recuperación, el Estado ya logró recuperar más de 1.100 hectáreas de tierras fiscales y aseguró que existen numerosos expedientes en trámite para avanzar sobre nuevas ocupaciones ilegales.

"Tenemos muchas hectáreas más por recuperar. Vamos a ir con todo el peso de la ley sobre quienes ocupen clandestinamente tierras fiscales y también sobre las organizaciones que lucran con bienes del Estado", afirmó.

Además, indicó que la política oficial pone especial énfasis en la protección de zonas ambientalmente sensibles como El Cadillal y El Mollar, donde la ocupación irregular no solo afecta el patrimonio estatal sino también la flora, la fauna y el valor paisajístico de esos lugares.

Desde la Fiscalía de Estado reconocieron que, si bien las maniobras de venta ilegal de terrenos disminuyeron considerablemente desde el inicio de los operativos, todavía detectan publicaciones y ofrecimientos de lotes fiscales a través de redes sociales.

Por ese motivo, el organismo mantiene un monitoreo permanente de plataformas digitales y habilitó un sistema para recibir denuncias de particulares mediante un código QR disponible en su sitio oficial.

Según Ferrazzano, el objetivo es "democratizar la denuncia", permitiendo que cualquier ciudadano informe sobre ocupaciones o comercialización ilegal de tierras pertenecientes a la provincia.

Otro de los instrumentos incorporados por la actual gestión es el Registro de Bienes Públicos del Estado, una base de datos pública alojada en la página web de la Dirección Provincial de Catastro.

El registro reúne más de 50.000 padrones correspondientes a inmuebles provinciales, permitiendo que particulares, escribanos e inmobiliarias verifiquen previamente si un terreno pertenece al Estado y, por lo tanto, se encuentra fuera del comercio.

Ferrazzano sostuvo que se trata de una herramienta inédita en el país y señaló que fue desarrollada durante la actual administración provincial con el propósito de brindar transparencia y evitar operaciones inmobiliarias sobre bienes fiscales.

"La totalidad del patrimonio provincial está publicada. Cualquier persona que quiera comprar un terreno debe verificar previamente si pertenece a la Provincia", explicó.

Un antecedente para las causas en trámite

La condena conocida esta semana fortalece la estrategia judicial del Gobierno provincial frente a un fenómeno que durante años generó conflictos en distintos puntos de Tucumán, especialmente en zonas turísticas y de alto valor inmobiliario.

Con este antecedente, la Fiscalía de Estado anticipó que continuará impulsando acciones penales, civiles y administrativas para recuperar nuevas superficies ocupadas irregularmente y desalentar tanto las usurpaciones como la comercialización de terrenos fiscales.

Desde la administración provincial sostienen que la recuperación de estos inmuebles no solo busca preservar el patrimonio de todos los tucumanos, sino también garantizar la protección ambiental y evitar nuevas ocupaciones en áreas estratégicas del territorio provincial.