La Provincia canceló una obra de $117 millones para control de Incendios por falta de fondos nacionales

La falta de envío de recursos por parte del gobierno nacional obligó a la provincia a cancelar una obra valuada en $117 millones destinada al control de incendios forestales, específicamente para la ampliación y adecuación de instalaciones en Defensa Civil. Esta decisión, plasmada en el Decreto N° 326/8 rubricado por el Ministro de Obras, Servicios y Transporte Público, Marcelo Nazur (foto inferior) revoca una adjudicación previa y resalta la persistente necesidad de infraestructura ante la ausencia de financiamiento federal.

El decreto, que deja sin efecto el anterior Decreto N° 475/8 del 4 de diciembre de 2023, detalla en sus considerandos que "mediante el citado acto administrativo, se aprobó el procedimiento de Contratación Directa previo cotejo de Precios N° 06/2023 realizado por la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, y se adjudicó a la firma Cruce S.R.L, la ejecución de la obra 'Defensa Civil - Nuevas oficinas manejo de fuego' por la suma de $ 117.026.593,28". Sin embargo, la empresa adjudicataria presentó una nota el 26 de mayo de 2025 solicitando "un acto administrativo que resuelva la no ejecución de la obra, conforme les fuera comunicado verbalmente". El Departamento Servicio Administrativo Financiero de la DAU informó que "la obra de referencia no recibió fondos por parte de Nación y que, en consecuencia no se realizó ningún pago".

A pesar de esto, la Dirección Provincial de Defensa Civil enfatizó que "persiste la necesidad de ejecutar la obra de ampliación y adecuación de las instalaciones de esa Dirección, destinadas al funcionamiento del cuartel de la brigada forestal". No obstante, ante "la falta de financiamiento y el tiempo transcurrido", se solicitó elevar las actuaciones para anular el decreto original. El Secretario de Estado de Obras Públicas tomó conocimiento y elevó el trámite "en razón de la falta de financiamiento del Estado Nacional por la disolución del Fideicomiso". Finalmente, el gobernador Osvaldo Jaldo decretó dejar sin efecto lo dispuesto hacia fines de 2023, en atención "al considerando que antecede".

Esta medida provincial se enmarca en un contexto nacional más amplio. A través del Decreto 463/2025, el Poder Ejecutivo Nacional dispuso en julio del año pasado la disolución del Fideicomiso para la administración del Fondo Nacional del Manejo del Fuego, creado en 2021 bajo la Ley 26.815 para financiar logística, equipamiento y recursos humanos en el combate de incendios forestales y rurales. La decisión respondió a múltiples irregularidades detectadas por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que cuestionó seriamente la gestión, ejecución y control de los recursos del fondo.

La auditoría reveló contrataciones de personal sin respaldo documental —62 personas en 2022 y 56 en 2023— "sin constancia de tareas realizadas ni entregables, en contravención con la Ley 11.672, que prohíbe estructuras permanentes en fondos fiduciarios". Además, se detectaron "serias inconsistencias en la gestión de compras", como demoras en la adquisición de autobombas, falta de documentación de oferentes y modificaciones técnicas post-adjudicación. En servicios aéreos, hubo "expedientes desordenados, documentos duplicados o ausentes, y diferencias millonarias entre las instrucciones emitidas por el fiduciante y el fiduciario".

Falta de control y nueva organización

Un punto crítico fue "un faltante de más de 70 millones de pesos relacionado con facturaciones mal registradas en la contratación de vuelos para combatir incendios", donde se aplicaron "distintos tipos de cambio según conveniencia del proveedor, sin criterio técnico ni control efectivo, generando un perjuicio millonario para el Estado". También se señaló "la falta de control sobre la contribución obligatoria del 3 por mil de las primas de seguros (excepto vida)", sin "registros claros sobre el flujo de esos aportes ni certeza sobre su correcta transferencia".

Aunque el fideicomiso se disolvió, el Sistema Federal de Manejo del Fuego continúa vigente, y ahora el Ministerio de Seguridad se encarga de recaudar los aportes de las aseguradoras y administrar los recursos para la prevención y combate de incendios en todo el país. Esta reorganización, parte de la política de reorganización del Estado, deja a provincias como la nuestra sin el financiamiento esperado, afectando directamente proyectos esenciales para la seguridad ambiental y la respuesta a emergencias forestales.